El fondo buitre NML Capital, principal litigante contra el país, retomó su búsqueda de activos potenciales de embargo y volvió a apuntar contra la petrolera estadounidense Apache, que vendió hace un año su operación en Argentina a YPF por u$s 800 millones. Los holdouts avanzarán en las próximas semanas con el pedido a un juzgado de Texas para que habilite un discovery que permita identificar bienes con los que cobrar la sentencia impaga a su favor por u$s 1.700 millones.

Apache vendió toda su operación de petróleo y gas en el país a YPF hace casi un año, el 12 de febrero de 2014. NML Capital solicitó al juez de del Distrito Norte de Texas, Paul Stickney, acceso a esos contratos, con el argumento de que la petrolera argentina, una sociedad anónima mixta controlada por el Estado, es alter ego del país. Argentina rechazó ese argumento y se amparó en la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) estadounidense.

Pero un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, a fin de año, convalidó las acciones de discovery, con el argumento de que las cuestiones sobre inmunidad y propiedad efectiva de los activos se resolverían con esa investigación judicial.

Ahora, los holdouts prometen avanzar con la embestida contra Apache e YPF, luego de haber obstaculizado el joint venture entre la petrolera y Chevron, entre otras operaciones.

En su último escrito, fechado el 12 de diciembre, el juez Stickney escribió que las partes (NML Capital y Argentina) entablaron "esfuerzos de buena fe" para solucionar el pedido de discovery y las conminó a informar sobre esas negociaciones "antes del 30 de enero de 2015".

La intención primigenia de los fondos buitre es encontrar activos embargables en Estados Unidos. Para eso, un juez debería avalar el discovery y dictaminar que los fondos, ahora propiedad de Apache, son, en realidad, del Estado argentino, porque YPF es un alter ego de la República. El argumento parece muy rebuscado.

De hecho, YPF y Apache cerraron el acuerdo el 12 de febrero pasado e informaron que la petrolera argentina depositaba u$s 50 millones al contado y el resto (u$s 750 millones) en treinta días, por lo que el dinero está en poder de la firma estadounidense desde hace, al menos, diez meses.

Pero mientras tanto, NML Capital pone más piedras en el camino. Sus acciones contra Chevron y Apache agrega obstáculos al ya complejo panorama de inversiones de firmas del exterior en el país, en momentos en que la baja del crudo a nivel internacional quita incentivos inmediatos para el desarrollo de Vaca Muerta.

Los holdouts abrieron cuatro frentes judiciales. El reclamo primigenio (u$s 1.700 millones, entre el fallo original y los intereses) bloqueó los pagos de deuda reestructurada de legislación estadounidense y europea.A eso suman nuevos litigios en calidad de me too, que elevarían el monto inmediato hasta u$s 6.500 millones. Esos nuevos juicios están ya en el despacho del juez de Nueva York Thomas Griesa, que debe decidir si los anexa al fallo en el que convalidó el pari passu o tratamiento igualitario de los bonos en default desde 2001.

En paralelo, los fondos buitre avanzaron en causas de tinte político, contra activos vinculados a empresarios cuyas fortunas crecieron con el kirchnerismo, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Son causas que buscan más impacto mediático que otra cosa. A Báez, por ejemplo, se le reclaman u$s 55 millones, como parte de la sentencia por u$s 1.700 millones.

Y, por último, están las causas que afectan las relaciones económicas del país, como los discoveries pedidos a Chevron y Apache.