La semana pasada, el intendente Oscar Luciani decidió vetar la ordenanza que establece la creación de una Comisión Articuladora orientada a discutir el destino de los dineros provenientes del Fondo Educativo.

El espacio que establecía la ordenanza proponía una conformación amplia con la inclusión de distintos sectores que participan del ámbito educativo. Además de dos representantes del Departamento Ejecutivo y un concejal de cada fuerza política que conforman el Concejo Deliberante, la norma incluía al Consejo Escolar, a la Jefatura Distrital de Educación y a un miembro de cada entidad sindical de docentes y auxiliares. Además, se dejaba abierta la instancia participativa a centros de estudiantes.

A través del decreto 707, que lleva la firma del intendente y del secretario de Gobierno, Enrique Massera, el Ejecutivo resolvió vetar la ordenanza argumentando que la norma avanza sobre potestades exclusivas del Departamento Ejecutivo. Como contrapartida, desde Suteba adelantaron que insistirán con el tratamiento del tema. 

A través de una ley del Congreso de la Nación aprobada a fines de 2012, el Fondo Educativo llega directamente a los municipios en concepto de coparticipación. En el caso de Luján, el año pasado se contabilizaron 9 millones de pesos, mientras que para este año se calculan unos 12 millones de pesos. En el plano local, tanto algunos sindicatos como concejales opositores cuestionaron la falta de información sobre los criterios utilizados por el gobierno de Luciani a la hora de utilizar los recursos del mencionado Fondo. Durante las jornadas de paro registradas en marzo, el tema formó parte de la lista de reivindicaciones planteadas por el sector docente.

En ese marco, los distintos casos de carencias en infraestructura que fueron surgiendo en escuelas públicas del distrito mantuvieron vigentes los reclamos vinculados el Fondo Educativo. Finalmente, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que buscaba abrir un espacio de participación en cuanto al manejo de los recursos a través de una Comisión Articuladora. 

"Nosotros nos oponemos al veto, porque la ordenanza fue justamente votada y la decisión del intendente muestra el interés que tiene por manejar estos fondos, que en realidad provienen de Nación", indicó el secretario general de Suteba Luján, Sergio Correa.

Consultado por este medio, opinó que "vetar esta ordenanza es una forma de evitar que se transparente y conozca el manejo de estos fondos, por eso nosotros vamos a insistir para que entre nuevamente el proyecto y sea votado, para eso vamos a buscar una mayoría ampliada en el Concejo". 

"La ordenanza no apunta a manejar los fondos, sino a direccionar al intendente hacia dónde deben ir en cuanto a inversión en infraestructura. La Comisión es amplia, integrada por todos los sectores vinculados a la educación y es justamente para evitar la arbitrariedad del intendente en la elección de las obras que hay que hacer. La ordenanza pretende establecer un criterio amplio a la hora de decidir de qué manera los fondos vuelven al pueblo", completó Correa.

ARGUMENTOS

El decreto está conformado por tres páginas que culminan con el veto total del proyecto de ordenanza. En los primeros párrafos se indica que "conforme lo establece el texto aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, la Comisión establecerá los criterios de distribución de los ingresos recibidos por el Municipio". En tal sentido, "resulta claramente apreciable que cuando se define el objeto de la Comisión se hace referencia a una tarea continua, sustentada en la información mensual requerida para definir el destino, la asignación o distribución de los fondos recibidos, ejerciendo la administración de los mismos".

En ese marco, el Departamento Ejecutivo argumenta su decisión de vetar la ordenanza en el artículo 107 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires donde "se asigna las potestades administrativas al Departamento Ejecutivo, en forma exclusiva y excluyente, materia que resulta ajena a la competencia, atribuciones y deberes que corresponden al Honorable Concejo Deliberante". 

En otro tramo se hace referencia al Tribunal de Cuentas bonaerense, organismo que en reiteradas ocasiones ha determinado que "la creación y funcionamiento de un Consejo en el ámbito municipal cuya misión es determinar la distribución de fondos afectados está limitando las facultades que son propias del Departamento Ejecutivo".

"En igual sentido, el referido organismo se pronuncia sosteniendo que "la ejecución de los gastos que presupuestariamente le corresponden al Departamento Ejecutivo es otra de las competencias de su exclusiva incumbencia, razón por la cual el Concejo no puede dictar ninguna norma que determine la adjudicación de ningún gasto", pues –en tal caso- se trataría de una invasión de la esfera privativa de administración, que la Ley Orgánica de las Municipalidades le otorga al titular del Departamento Ejecutivo, que es el administrador general de la comuna", expusieron desde el gobierno de Luciani.

En definitiva, se expone que la Comisión Articuladora creada por la ordenanza vetada "cumple un rol muy singular dentro de la estructura municipal, cumpliendo funciones propias del Departamento Ejecutivo, superponiendo competencias propias que tiene el intendente y sus auxiliares al ser aquél el encargado de la administración general y de ejecutar ordenanzas".