Fiscalías de la región trabajarán en coordinación

Las Fiscalías de la región NOA constituyeron formalmente el Consejo Regional de Política Criminal de las Provincias del Noroeste de la República Argentina, organismo que fijará criterios de actuación en la persecución de los delitos, evaluará una política criminal organizada y propugnará que en toda la región se avance hacia un sistema penal acusatorio, es decir que los fiscales investiguen los hechos ilícitos.
De la región, Salta es la más atrasada en este último aspecto.

El Procurador General de Salta, Pablo López Viñals, recibió la semana pasada a los Procuradores y Fiscales Generales de las provincias del noroeste, Alejandro Ficoseco, de Jujuy; Enrique Lilljedahl, de Catamarca; Luis de Mitri, de Tucumán; Luis de la Rúa, de Santiago del Estero, y Claudio Ana, de La Rioja.

Dejaron constituido el Consejo Regional de Política Criminal de las Provincias del Noroeste con el objetivo de coordinar esfuerzos en ámbitos en que se verifican problemáticas similares que demandan una respuesta organizada. También se propone reforzar la presencia de la región en el Consejo Federal de Política Criminal, que agrupa a todas las provincias del país.

En el acta constitutiva se señala que sus objetivos son "fijar criterios de actuación en la persecución de ilícitos penales, evaluando una política criminal organizada que atienda las necesidades de la región en general y de cada una de las provincias que integran el organismo en particular". Los fiscales y procuradores enfatizaron que se debe "evitar que las fronteras provinciales se transformen en ventajas para ciertos géneros de delincuencia organizada".

Asimismo, coincidieron en impulsar una transición "rápida" al sistema procesal acusatorio, en el que los fiscales deben investigar los delitos y los jueces deben hacerse cargo de la función de juzgar. Para los Procuradores y Fiscales, este sistema asegura mayor calidad institucional dado que su aplicación genera más velocidad en el trámite de las causas y una preservación de la imparcialidad de los tribunales.

En Tucumán y Catamarca ya se aplican leyes procesales que permiten que los fiscales investiguen los delitos; en Jujuy se estima que antes de fin de año se sancionará un nuevo Código Procesal Penal en el que también se elimina la instrucción a cargo del juez; el mismo fin está previsto en un proyecto con estado parlamentario en Santiago del Estero.

De las provincias de la región, Salta es la más retrasada sobre este aspecto; aquí desde hace tres años los fiscales investigan los delitos leves (con penas de hasta cinco años) y la investigación de los hechos más graves sigue a cargo de los jueces de instrucción.

"Por ahora, sólo se ha iniciado la formación de una base de consenso sobre aspectos centrales de una futura reforma en el ámbito del Consejo Consultivo Permanente para la Política Judicial de la Provincia de Salta, trabajo que se ha girado al Poder Ejecutivo", señalaron los Fiscales y Procuradores.

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