La Fiscalía Nº4 recuperó viviendas ocupadas en Barranqueras

Se trata del total de las casas del Barrio 40 Viviendas, que habían sido usurpadas el pasado 1 de noviembre. Ahora, las unidades habitacionales, muchas de las cuales aún no están finalizadas, fueron puestas a disposición de la empresa constructora. Sin embargo, la fiscal dispuso que los ocupantes ilegales deberán tener la asistencia social correspondiente por parte del gobierno.
Tras las intensas gestiones que se vienen realizando desde la Fiscalía Nº4, a cargo de la doctora Graciela Griffith de Barreto, y desde la propia Procuración General de la Provincia, se consiguió que los ocupantes ilegales entreguen los edificios –algunos todavía en obra- y los puso a disposición de la empresa constructora a cargo.

Asimismo, se reclamo a los empresarios que tomen las medidas necesarias para impedir nuevos episodios de esta naturaleza y se libraron oficios a Desarrollo Social y el Instituto de Viviendas para que asistan a los imputados.

La causa se inició el 1º de noviembre cuando medio centenar de personas ingresaron al predio ubicado en la ciudad de Barranqueras y tomaron las 40 viviendas que estaban a cargo de la empresa Pedro Alberto Martínez.

Para el caso tomo intervención la Fiscalía de investigación Nº4, que en los días sucesivos y con la ayuda de los ayudantes fiscales realizó un censo y cito a los ocupantes para que declaren en calidad de imputados.

Finalmente, el dos de diciembre se consiguió la desocupación voluntaria de la totalidad de las viviendas y se hizo entrega del referido plan habitacional a la empresa contratista para que continúe la obra, haciéndole saber al titular que deberá arbitrar los medios para resguardar el terreno a través del tendido de cercos o alambres de seguridad, como así también el resguardo de los bienes muebles existentes.

Sin perjuicio de ello, la fiscal Barreto libro un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto de Viviendas de la Provincia, para que tomen conocimiento del tramite de la causa, de la desocupación de las viviendas y también arbitren los medios necesarios para que los involucrados en la causa penal reciban la necesaria asistencia social y habitacional en rubros esenciales para el sustento del grupo familiar que integra cada uno.

Se le hizo llegar a dichos organismos una nomina de las personas que hicieron abandono de las viviendas a fin de que por donde corresponda se efectúe un pormenorizado análisis de la situación socio económica de cada uno de ellos.

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