La Fiscalía de Estado reúne pruebas contra el viudo de Abonassar

La Fiscalía de Estado reúne pruebas contra el viudo de Abonassar
La Asociación de Víctimas del Delito se disolvió en medio de una fuerte interna que incluye denuncias contra Alejandro Gil.
La Fiscalía de Estado está a punto de resolver la denuncia recibida por un mal manejo de fondos en la Asociación de Víctimas del Delito, la organización que presidía Alejandro Gil, viudo de Laura Abonassar. A las pruebas reunidas en el expediente, sólo les falta la información que debe enviar la comuna de Las Heras acerca de un subsidio entregado a la entidad. El resto de las municipalidades que aportaron fondos ya enviaron sus comprobantes.

En noviembre del año pasado, uno de los integrantes y fundadores -Daniel Coccia- presentó una denuncia porque observó que varias facturas y comprobantes de gastos realizados estaban alterados. El miércoles, la asociación selló su acta de defunción ya que la comisión directiva aprobó y firmó su disolución. De este modo, la sociedad mendocina se queda sin un referente civil en el tema de seguridad.

Gil insiste en que han bajado la persiana no sólo debido a la imposibilidad de afrontar los gastos por la falta de subsidios, sino porque la tarea le insumía un tiempo del que ya no dispone. La otra versión indica, por un lado, que el cierre se apuró por las denuncias realizadas y, por el otro, que la carencia de subsidios se debió a que -desde Fiscalía- trabaron el envío de fondos que estaban comprometidos al detectar irregularidades.

En líneas generales, la acción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Carlos Perafita, ha constatado que la rendición de cuentas por la primera cuota ($ 50.000) de un subsidio de $ 150.000 otorgado para el segundo semestre de 2008, es inconsistente. En la rendición aludida se han incluido facturas falsificadas para justificar gastos que nunca fueron realizados.

Ayer por la mañana, el ex titular de la desaparecida organización se presentó ante la Fiscalía para conocer el estado de la causa y él mismo apuntó que "todavía no existe un dictamen" por lo que "todo lo se diga hasta ahora son difamaciones con asidero político" ya que "a alguien le interesará que nosotros no estemos".

Desde la Fiscalía informaron que la semana que viene se hará una resolución que derivaría en una compulsa penal. Malversación de fondos públicos o falsificación de instrumento privado sería la carátula con la que se terminará cerrando el expediente.

Gil, que se transformó en un referente de la lucha contra la inseguridad y su poder de movilización preocupó mucho al gobierno de Julio Cobos, expresó que si existieron irregularidades en el rendimiento de cuentas, el responsable deberá hacerse cargo.

Sin embargo, estimó más importante el trabajo realizado por la asociación que "un par de facturas" que no hayan sido bien cobradas. Coccia, por su parte, expresó que ésa era la única parte que podía probarse y que le daba bronca que "algunos" se hayan enriquecido a costa de las víctimas de delito. "Por eso, apenas me di cuenta, los denuncié", subrayó.

Aunque estén enfrentados, los miembros de la Asociación coinciden en que se pierde un espacio de lucha social en relación con el flagelo de la inseguridad. Las diferencias, no obstante, los llevaron a claudicar en esa pelea. Según dicen, muy a su pesar.

El viudo de Abonassar aseguró que continuará en carrera si alguna víctima de delito necesita de su apoyo o de su presencia. Por su parte, Coccia explicó que los miembros que querían seguir trabajando se "contaminaron" con los actos de los dos integrantes más visibles (Gil y Fernanda Vera, que se hizo conocida luego de que ladrones ingresaran a su casa de Las Heras violentamente cuando ella estaba sola).

En su opinión, el Gobierno debería hacer algo más serio ya que, por el momento, "el único que corre de un lado para otro es (el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Erwin) Cersósimo", apuntó.

Desde la presidencia de la Bicameral de Seguridad, Mauricio Suárez expresó su descontento por la disolución de la asociación aunque aclaró que "nunca debería haber nacido" debido a las razones de su creación. La lucha de la ciudadanía para combatir un flagelo como la inseguridad es algo que el senador destaca por lo que espera que haya personas dispuestas a tomar la posta.

"Es importante acordar por el interés general de ayudar a la gente. En estos casos, los conceptos son más importantes que las particularidades", sostuvo Suárez.

Dora Martínez, directora de Apoyo a la Comunidad del Ministerio de Seguridad, también se lamentó por el cierre de la Asociación a pesar de reconocer la responsabilidad indelegable en la asistencia a las víctimas que el Estado posee.

La funcionaria destacó que el trabajo de la esa organización no se superponía con el de ellos y que, por el contrario, era muy importante. "Además, siempre es mejor que la sociedad esté organizada. Hay que tener en cuenta que los delincuentes sí lo están", remarcó la funcionaria.

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