Fiscalía de Estado exige una licitación pública previa para concretar un acuerdo con los chinos

El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, emitió dictamen puntualizando que, para la operación que se pretende hacer con la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química, debe existir previamente un llamado a licitación pública. Indicó que en la provincia impera la ley de contabilidad, sobre la cual se deben encuadrar este tipo de acuerdos. La gobernadora Ríos había considerado que «el Estado no vende nada» y por ello no era necesaria la licitación, siguiendo el consejo de su asesor letrado, Eduardo Olivero. Con este dictamen, el análisis legislativo se tornará abstracto.
El negocio que la administración de Fabiana Ríos quiere cerrar con la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química para la instalación de una planta de Metanol, debe contar previamente con una licitación pública nacional e internacional, porque impera la aplicación de la Ley Territorial 6, que reglamenta contrataciones y ventas de bienes del Estado.

A grandes rasgos, esto es lo que indica el dictamen que el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, emitió en respuesta a la presentación planteada por la Confederación General del Trabajo, seccional Ushuaia; echando por tierra la posición sustentada por la gobernadora Fabiana Ríos, quien sostuvo que no hace una falta una licitación «porque no estamos vendiendo nada».

Ríos basó sus expresiones públicas en el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo del doctor Eduardo Olivero; quien en dos carillas sustentó la razón por la cual no hace falta que la venta de gas a una empresa privada se realice sin brindar la posibilidad que existan otras ofertas que mejoren la presentada por los empresarios chinos.

El pronunciamiento de este organismo de control diluye la posibilidad que veía la administración de Ríos de lograr un auxilio financiero de 100 millones de dólares, que la empresa china se compromete a adelantar en caso de lograr que el Estado fueguino le suministre el gas, pactando el precio del millón de BTU en 1,80 pesos, congelando el mismo por el término de tres años.

La posibilidad de lograr este anticipo de fondos era el principal anhelo del Gobierno en todo este convenio, porque el dinero sería volcado a atender los desajustes de caja que tiene esta administración y para financiar obra pública.

Lo habían dicho

La conclusión del Fiscal de Estado es coincidente con el planteo que formuló en su momento la diputada del Frente para la Victoria, Rosana Bertone, quien no se mostró en desacuerdo con la posibilidad que capitales privados inviertan para dar valor agregado a los recursos hidrocarburíferos, sino que planteó sus dudas sobre la «falta de transparencia en la operación», por no existir previamente una licitación pública nacional e internacional.

Otro de los que planteó la exigencia de una licitación, fue el presidente del Partido Justicialista, Mario Daniele; indicando que «la ley de contabilidad es clara en cuanto a las contrataciones que hace el Estado»; sobre todo en este caso en particular, donde el acuerdo chino establece un negocio de 25 años; congelando el precio del gas que se suministrará para el funcionamiento de la planta de Metanol.

Algo abstracto

Con el dictamen de la Fiscalía de Estado se tornará abstracta la discusión abierta en la Legislatura de la provincia, respecto a este convenio, sobre lo cual hubo un pormenorizado informe del ministro de Economía, Roberto Crocianelli y el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea.

No conforme con esto, los legisladores emitieron un pedido de informes por escrito, con una batería de preguntas que deberá responder el Ejecutivo respecto a aspectos legales y técnicos del convenio con la empresa de capitales chinos que, de todas maneras, igual tiene intenciones de hacer la inversión.

SIN FACULTADES

El dictamen del fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, le hace notar al Gobierno y, sobre todo a los legisladores, que un ministro y un secretario de Estado no están facultados a sellar un convenio como el firmado con la empresa china. Esto es estricta competencia de quien ocupa el cargo de gobernador de la provincia.

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