Fiscalía calificó de insólita la demanda de Edemsa y reclama informes al EPRE

Solicitaron al ente regulador que eleve los datos de manera urgente. Hay dos escenarios posibles.
La defensa del patrimonio estatal es su función primordial, por eso, la Fiscalía de Estado pidió al ente regulador que informe de manera "urgente" sobre el pedido de inconstitucionalidad que elevó la mayor distribuidora de energía ante la Suprema Corte de Justicia.

Si bien calificaron como "insólita" la actitud de Edemsa, aseguraron que profundizarán las investigaciones para colaborar con la Asesoría de Gobierno en la elaboración de la defensa que debe encarar el Ejecutivo.

Amílcar Moyano, director de Asuntos Administrativos y Ambientales de Fiscalía de Estado, sostuvo que, en base a la información revelada por El Sol, el lunes inició un expediente para remitir un pedido de información urgente al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). El letrado aseguró a este diario que la fiscalía no fue notificada el viernes del pedido de inconstitucionalidad de parte de la empresa y se enteró a través del informe periodístico. Por eso, el lunes a la tarde remitió la solicitud al ente de control recordando que este organismo se conformó por la ley 4.967 para la defensa de los usuarios de la energía. "Esta empresa está prestando un servicio público y, por lo tanto, no puede accionar en contra de los usuarios", sostuvo el letrado.

Mientras, desde el ente de control aseguraron que el pedido de la fiscalía aún no les llegó.

"La actitud de esta empresa es insólita por donde se lo mire ", sostuvo, al ser consultado sobre el futuro de este pedido de inconstitucionalidad.el pedido. En 60 páginas, la mayor distribuidora del servicio de energía eléctrica intentó argumentar por qué considera que el decreto de aumento tarifario es inconstitucional, y como compensación por las demoras reclama al Gobierno una cifra millonaria. La presentación judicial se concretó el 21 de agosto y el Gobierno fue notificado el viernes. En uno de los puntos de la presentación judicial elevada por Edemsa a la Suprema Corte de Justicia se puede leer que las normas cuestionadas alteran la ecuación económico financiera del contrato de concesión y atentan contra la sustentabilidad del servicio público de distribución de energía eléctrica, afectando la protección y defensa de los derechos de los usuarios consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Así, dicen que las demoras en implementar los aumentos producidas por las diferentes gestiones les hicieron perder 270 millones de pesos y piden la retroactividad del aumento a febrero, además de la cláusula de ajuste por la inflación.los escenarios. El Gobierno ya ratificó que rechazará de plano el recurso judicial, mientras que los altos ejecutivos de la distribuidora no quisieron aventurar qué harán si el máximo tribunal de justicia rechaza la requisitoria.

Pero los escenarios posibles son varios y se enmarcan en una maraña judicial que podría determinar desde la elaboración de un nuevo decreto de aumento de luz hasta el levantamiento de la presentación por parte de la empresa.

Así, uno de los caminos es que la norma sea declarada inconstitucional por la Justicia. En este caso, el decreto de aumento pierde vigencia y el Gobierno debe sentarse sólo con esa distribuidora a renegociar un nuevo cuadro tarifario, por lo que habría que elaborar un nuevo decreto con pautas especiales para Edemsa pero no para las otras distribuidoras, que no reclamaron en la Justicia.

Si esto prosperara, en la discusión podría incluirse la cláusula de ajuste por inflación, siempre que el Gobierno acepte incorporarla al decreto. Este sería el peor escenario para el Ejecutivo, porque la empresa podría accionar por daños y perjuicios contra la Provincia y entonces sí reclamar los 270 millones de pesos que dicen estar perdiendo. Esto es porque ahora no lo reclaman de plano y sólo van por la inconstitucionalidad de algunos artículos.

Pero del otro lado está la resolución judicial que le da esperanzas a la esfera oficial. Esto es que la Corte rechace el pedido y el decreto siga vigente tal y como fue publicado en el Boletín Oficial del 22 de julio.

Así, el aumento que firmó el Gobierno podrá cobrarse tal y como fue aprobado y el trago amargo quedará en el olvido.

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