La Fiscalía busca un acuerdo entre el municipio y “ocupas”

Las ocupaciones ilegales son delitos civiles, por lo tanto se debe llegar a un acuerdo. Si hubiera resultados negativos, la Municipalidad deberá buscar caminos legales para proceder al desalojo.
Los ocupantes ilegales de terrenos fiscales y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia entran en una etapa de diálogo a través de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos, dependencia del Ministerio Público Fiscal. Ahora el objetivo es llegar a un acuerdo, caso contrario el gobierno comunal deberá buscar vías legales para desalojar los terrenos ocupados.

Fuentes de la Fiscalía le explicaron a Diario Patagónico que la ocupación de tierras fiscales constituye un delito civil, por lo tanto el acuerdo entre las dos partes debe traducirse en una compensación económica. En ese caso, los “ocupas” deberían comprar los lotes donde se asentaron.

Es por esta razón que la Fiscalía derivó los casos que denunció el municipio a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos. En esa dependencia está a cargo de la mediación entre el gobierno y los ocupantes. De esa manera, una decena de casos están en diálogo desde el viernes, día en el que además la gestión de Martín Buzzi organizó una mesa de trabajo que incluye a los ocupantes y funcionarios gubernamentales.

UNA PROBLEMATICA QUE SE ACENTUA

Las ocupaciones ilegales de tierras fiscales se descontrolaron. El sector conformado por los barrios San Cayetano y Máximo Abásolo, detrás de la Escuela 160, son los más afectados donde se estiman más de 200 ocupaciones.

Los ciudadanos que optan por esta modalidad se quejan de los altos alquileres y de la burocracia en las oficinas del municipio y provincia para obtener un lote. La situación generó el temor de otros vecinos que ocupan sus propios terrenos adjudicados para que no se les metan ocupas.

También la Fiscalía aclaró a este diario que no se trata de un delito penal ocupar tierras fiscales porque son acciones sin agresividad contra terceros o que violen una propiedad privada. No se fuerza a personas o cosas.

Al no poder caratularse los casos como “usurpación”, es necesario establecer una negociación entre las partes a través de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos. Si no hubiera resultados positivos, recién entonces la Municipalidad deberá buscar otros caminos legales y civiles para proceder con los desalojos.

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