Fiscales reclaman al juez Bento que les delegue causas contra represores

Enviaron una nota en la que consideran que podrían resolver más rápido 46 investigaciones sin resolver y además deslizan duras críticas. El destinatario dice que ha intentado apurarlas y resalta que nunca delegó.
El juez federal Walter Bento recibió esta semana un pedido para que delegue las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza durante la última dictadura militar y que tienen como acusados a represores. El que hace el reclamo es el fiscal general Omar Palermo, en su carácter de coordinador de la oficina de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos en Mendoza.

En un escrito de diez páginas, Palermo, junto a las fiscales María Alejandra Obregón y María Gloria André, solicita hacerse cargo de esos casos debido a que cuenta con personal, espacio y recursos suficientes para poder afrontar la investigación. La delegación de causas del juzgado a la fiscalía federal es algo que está contemplado en el artículo 196 del Código Procesal Penal nacional debido a que se trata de causas de acción pública y de competencia criminal.

Aunque el escrito fechado el 2 de junio no lo dice directamente, lo cierto es que se quiere imitar lo que se hizo en San Luis donde -una vez que los casos pasaron a la Fiscalía- se logró elevar el primer juicio oral contra ex militares en Cuyo. El pedido del fiscal se suma a uno similar realizado la semana pasada por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) con el objetivo de dar mayor celeridad a este tipo de causas.

"Se trata de un beneficio para los propios imputados, quienes tienen derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable pero también favorece a las víctimas quienes no sólo tienen derecho a que sus denuncias obtengan un pronunciamiento judicial rápido y definitivo sino a no ser revictimizados con repetidas intervenciones a lo largo de todo este doloroso proceso", detalla el duro documento de los fiscales.

"El Código faculta al juez a delegar las causas y la semana que viene voy a tomar una decisión", explicó el juez federal Walter Bento, quien restó importancia al tema debido a que "todos los días recibe escritos de abogados y fiscales". El magistrado no quiso revelar de qué modo se pronunciará sobre ese pedido aunque aclaró: "Nunca he delegado una causa".

Aunque Bento admite que los recursos con los que cuenta son escasos, difiere con Palermo (que no pudo ser contactado por estar de viaje) y con el Movimiento Ecuménico al afirmar que las causas están al día y se están llevando adelante. "No es algo que dependa sólo del espacio ya que hemos intentado dar la mayor celeridad posible", señaló el juez al mismo tiempo que explicó que las estrategias de los abogados defensores así como la reciente recusación de la Cámara por parte de las víctimas, también dilatan los tiempos.

De acuerdo con el escrito, en Mendoza hay 114 causas por delitos cometidos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar. Sin embargo, son 46 las que están en condiciones de ser delegadas: cinco las que tienen imputación pero en las que no se ha tomado declaración indagatoria; seis en las que se ha solicitado la imputación pero aún no se encuentran resueltas, mientras que las 35 restantes están en la etapa de investigación.

Para el abogado Pablo Salinas, representante legal del MEDH, la delegación de la investigación a la flamante oficina creada por la Corte y la Procuración para impulsar los juicios "es lo mejor que puede hacer el juez Bento" debido a que -desde su óptica- el magistrado posee una competencia muy amplia para poder dedicarse con el énfasis correspondiente a las causas de derechos humanos.

Sin ir más lejos, es el único juez con competencia electoral en la provincia entre otras facultades y responsabilidades que tiene. "Esto por no mencionar que Mendoza es la única provincia en la que todos los imputados están libres", deslizó el letrado, al mismo tiempo que insistió en la necesidad de la acumulación de causas para poder elevarlas a juicio cuanto antes.

El escrito presentado por los fiscales también hace hincapié en este aspecto: "Debería considerarse la acumulación de causas que se encuentren con procesamientos firmes, distinguiéndose según hayan sido indagados todos los imputados o no".

Palermo y sus colegas no justifican otro criterio debido al tiempo que implica imputar y tomar declaración indagatoria en cada una de las causas. Tanto la acumulación como la delegación apuntan a que las investigaciones avancen con mayor celeridad, un reclamo que se ha reiterado con mayor insistencia durante los últimos meses.

Los fiscales recuerdan, en este sentido, que ya hicieron un pedido de acumulación el 1 de abril.

"Sin embargo, nuestros argumentos no han sido tenidos en cuenta por el juzgador. En un decreto que carece de fundamentación -aseguran- se resolvió, aparentemente, por el rechazo de nuestro planteamiento. Y decimos que aparentemente vuestra señoría se ha inclinado por el rechazo de nuestra petición porque el decreto está redactado en términos tan ambiguos" que no dispone "categóricamente el rechazo" a la acumulación ni la "ordena decididamente en la únicas causas que, al parecer, considera que debería llevarse a cabo". Por ello, aseguran que esa respuesta los "desilusiona".

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