El fiscal Velasco Copello produjo un cimbronazo en la causa Fuentealba II

Determinó que sólo uno de los 15 acusados sea llevado a juicio, por el delito de abuso de armas y lesiones. Por ello, Tribug pidió que se audite la investigación.
El fiscal de Cámara Alfredo Velasco Copello sostuvo que el violento desalojo de los docentes apostados en la Ruta Nacional 22, a la altura del paraje Arroyito, conducido por los jefes y cuadros de la Policía Provincial, no fue ni “abusivo ni desproporcionado”.

Más aún, indicó que se cumplió con el “fin perseguido”: que los maestros “no se asentaran en el puente Arroyito”. También admitió que se dio cumplimiento a una orden política.

La firme posición del fiscal produce un profundo quiebre en las investigaciones judiciales de la causa conocida como Fuentealba II. Disctaminó que sólo uno de los quince acusados sea llevado a juicio oral y público, por el delito de abuso de armas y lesiones leves.

Sin embargo, conocida su terminante postura, el jefe de los fiscales de la provincia, Alberto Tribug, adelantó su decisión de auditar el trabajo desempeñado por el fiscal de Cámara.

Los incidentes, que terminaron con la muerte violenta del maestro Carlos Fuentealba y con varios lesionados, se produjeron durante gran parte del día 4 de abril del 2007, después de una larga lucha sindical en reclamo de reivindicaciones laborales.

Fuentealba recibió un proyectil lanzagases que le impactó de lleno en la cabeza. El autor del disparo, el ex cabo de la Policía Provincial Darío Poblete, fue condenado a prisión perpetua. El maestro viajaba en un Fiat 147 y regresaba a esta ciudad, cuando fue atacado por la espalda por el suboficial.

Sobre este punto el fiscal señaló que el asesinato del docente Carlos Fuentealba, “no fue una consecuencia del accionar policial tendiente a evitar que se impidiese el tránsito”, sino que devino de una acción “brutal, desproporcionada a la orden recibida por efectivos policiales” para detener la marcha del Fiat 147 que ocupaba la víctima.

Entre los acusados en la causa Fuentealba II, ahora eximidos de toda responsabilidad penal, se encuentran el ex jefe y subjefe de la institución, Carlos Zalazar y Moisés Soto, y el ex subsecretario de Seguridad de la Provincia, Raúl Pascuarelli.

Velasco Copello consideró completa la instrucción de la causa, que fue llevada a cabo en gran parte por el titular del Juzgado de Instrucción Cuatro Cristian Piana, al punto que consideró innecesario llevar adelante alguna otra medida procesal que pudiera corresponder.

Estorbo

Afirmó en la resolución que los maestros cortaron la ruta nacional y que produjeron el “entorpecimiento o estorbo a la libre y fluida circulación” del tránsito vehicular.

Aclaró también que antes de la represión se produjo una entrevista entre dirigentes sindicales con jefes policiales, donde estos últimos les hicieron saber a los gremialistas que “no podían permanecer en el lugar y que si pretendían llevar a cabo alguna medida la debían hacer en el puente Carancho”.

Señaló que surgen en el expediente versiones de los incidentes de unos y otros que son disímiles. Por un lado los docentes afirmaron que se inició la represión “sin respetar el lapso concedido”, mientras que los policías investigados, expresaron que los maestros de la primera fila formaron una cadena entrelazando sus brazos, quienes después comenzaron a arrojar proyectiles contra los uniformados y que por ello se impartió la orden de “operar”, mediante gases lacrimógenos.

El fiscal de Cámara fue concluyente cuando sostuvo que la Policía Provincial tiene “facultades para prevenir el impedimento total del tránsito y para hacer cesar las causas del entorpecimiento”.

Afirmó, además, que está autorizada para hacer uso “de la fuerza pública” que tiene que ser “racional, prudente, con resguardo de terceros, miembros de la misma Policía, bienes públicos y de terceros”.

El fiscal abonó su visión de los hechos, conforme a lo dispuesto por la Constitucional Nacional, Constitución Provincial, el Código de Procedimientos Penal y Correccional de la Provincia del Neuquén y la Ley orgánica de la Policía Provincial.

Entendió también que la autoridad política ordenó a la Policía Provincial que arbitrara los medios para que no se produjera el corte de la ruta nacional a la altura del paraje Arroyito.

Y fue por ello que se dio cumplimiento a la medida, ante la posibilidad de que durante Semana Santa no se tuviera acceso a las localidades ubicadas en el oeste de las provincias de Río Negro y Neuquén, como así también que los automovilistas que quisieran transitar en sentido contrario no pudieran llegar a la ciudad de Neuquén y sus localidades aledañas.

Volviendo a la represión, Velasco Copello reiteró que el accionar policial no fue “exagerado”, y si bien en las filmaciones se puede apreciar que algunos manifestantes sufrieron lesiones producto de lo que podrían ser perdigones de goma, “todos ellos fueron de la cintura hacia abajo, lo que acredita que el arma fue correctamente utilizada”.

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