El fiscal Gerardo Pollicita pidió ayer más de 40 medidas en torno a la causa contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y los otros cuatro imputados.

El juez federal Daniel Rafecasregresará a sus funciones el miércoles y analizará la batería de propuestas del fiscal, que incluyen allanamientos, testimoniales y medidas sobre los teléfonos de los implicados. Los detalles no trascendieron debido a que el fiscal pidió también que el expediente quedara bajo secreto de sumario.

Entre los posibles allanamientos, fuentes judiciales creen que la Justicia buscará hacerse de toda la documentación oficial sobre el pacto con Irán, que se encuentra en la Cancillería, y sobre los posibles acuerdos comerciales con ese país, que eran manejados en parte por el Ministerio de Planificación de Julio De Vido.

Además, se cree que entre las medidas deberá establecerse la ubicación de los teléfonos celulares de los implicados en las escuchas, como Luis D’Elía, que en las conversaciones con Yussuf Khalil dijo estar saliendo de la Casa Rosada y haber recibido órdenes del Gobierno sobre cómo proseguir con el acuerdo con Irán. La ubicación de los teléfonos podría darle más entidad a las escuchas.

Rafecas, que suspendió sus vacaciones y analizará las medidas solicitadas el día de la marcha del silencio organizada por un grupo de fiscales, se encuentra en Uruguay y debía regresar el 22.

El escrito de Pollicita fue recibido por el juez federal Sebastián Ramos, que subroga a Rafecas por el momento.