Fiscal pide juicio oral a De la Rúa por las coimas en el Senado

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy el juicio oral y público al ex presidente Fernando de la Rúa por el delito de "cohecho activo" en la causa por el pago de coimas en el Senado para la aprobación de la reforma laboral en 2000, cuya investigación dio por terminada.
La fiscalía hizo el pedido de elevación a juicio luego de que la Cámara Federal confirmara la semana pasada el procesamiento del ex mandatario por el presunto pago de 4,7 millones de dólares a senadores para que aprobaran la ley 25.250, de flexibilización laboral en abril del 2000.

Desde agosto de 2006 ya estaban acusados y esperan juicio ante el Tribunal Oral Federal 3, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibáñez, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, también como coautores del delito de cohecho activo, es decir pagadores de la coima.

También están acusados por el mismo cargo los senadores justicialistas Augusto Alasino, jefe de la bancada justicialista; Alberto Tell, Carlos Branda, Remo Constanzo y Emilio Cantarero.

El radical José Genoud, quien como presidente provisional del Senado fue imputado como organizador de la operación y distribuidor de los porcentajes acordados, falleció recientemente, lo que extinguió su responsabilidad penal.

En su dictamen, el fiscal aludió a la "cooperación necesaria" del arrepentido Pontaquarto, que colocó a De la Rúa "en condiciones de ser juzgado oral y públicamente por la infracción a la descripción típica del articulo 258 del Código Penal, en calidad de coautor que prevé el artículo 45 del Código Penal".

Días atrás la Cámara federal porteña confirmó el procesamiento de De la Rúa que había ordenado el juez federal Daniel Rafecas, luego de la causa tomara impulso con la confesión de Pontaquarto.

El ex secretario parlamentario de la Cámara alta y mano derecha de Genoud se autoincriminó y dio un detallado relato del operativo para pagar la coima, que comprometió directamente a De la Rúa como protagonista de una reunión en la Casa Rosada donde se dio la orden.

"Aquí se comprobó la compra de una política pública", recalca el fiscal Delgado en su dictamen, que recuerda que la reforma laboral votada tenía por finalidad mantener "la vigencia de la convertibilidad en el tiempo".

El fiscal también parafrasea al escritor Rodolfo Walsh, en tanto la ley votada "significó una institucionalización de la hipocresía" en tanto fingía una forma legal vulnerando su esencia. La norma así probada fue conocida como "ley Banelco" por una expresión que el sindicalista Hugo Moyano le adjudicó a Flamarique antes aun de que saltara el escándalo.

La reforma, derogada entre 2004 y 2005, fragmentaba la negociación salarial por empresa en vez de por rama de actividad, aumentó el período de prueba y rebajó indemnizaciones.

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