Fiscal pide historia clínica ante denuncia de otorgamiento de pensión trucha

El senador Diego Rodrigo pidió informes del listado de beneficiarios.
En la UFI 2 de Mercedes tramita un expediente penal (IPP 6974/2009), a partir de una denuncia de un Comisario de la Policía bonaerense, (que en su momento fue informado en exclusiva por BV.COM), quien afirma que su hija –menor de edad- está cobrando una pensión graciable "trucha", es decir, para obtenerla se ha falseado nos solo la declaración jurada -que suscribió la madre y una asistente social de la Municipalidad de Bragado- sino también el certificado médico que no habría sido firmado por tres profesionales sin la presencia de la menor, en blanco en una la oficina de Desarrollo Social.

En el mes de junio, el Comisario (que ha logrado la homologación judicial de una tenencia compartida con su ex mujer) se presentó con una escribana en las oficinas de administración del hospital y requirió una copia de la historia clínica de su hija. El 18 de junio, el Director (que había suscripto el certificado de discapacidad de incapacidad mental y permanente;(ver) contestó por escrito (ver) que su hija "no posee Historia Clínica en esta institución, ni se registra su ingreso por la Guardia de Emergencias del Hospital Municipal San Luis el día 14 de mayo de 2008" (fecha de expedición del certificado de discapacidad).

El 23 de octubre de este año, la Fiscalía 2 solicitó –con carácter urgente- por oficio se informe si existe historia clínica descentralizada a nombre de la menor en el Hospital San Luís, y -en caso afirmativo- remitan una copia para el expediente, pero hasta la fecha la Oficina de Desarrollo Social no ha cumplido con la requisitoria, y se han limitado a decir verbalmente que el denunciante "está loco". Antes esa fiscalía había requerido al Instituto de Previsión Social bonaerense que remita el expediente administrativo, pero tampoco ha llegado.

La cuestión parece tomar una dimisión de mayor gravedad. El Senador Diego Oscar Rodrigo (UCR) presentó el 20 de octubre de este año un Proyecto de Solicitud de Informes (F 484 2009 – 2010, ver) vinculados con pensiones sociales de la ley 10.205, otorgados a ciudadanos domiciliados en el partido de Bragado, durante el periodo 2007/2009, y se ha pedido el listado de beneficiarios como también las impugnaciones administrativas o judiciales.

Si esa causa penal –y otra por defraudación al estado provincial- siguen su tramite normal quedará manchado el gobierno del intendente Aldo San Pedro con una caso concreto de corrupción, aunque que no sería la única pensión trucha otorgado sino que existirían otras, como el caso de la hija de un empresario remisero. El clientelismo que practica la dirigencia política de nuestro país con las pensiones graciables no es nuevo. En el año 2002 las autoridades del IPS sospechaban que entre el 15 y el 20% de las pensiones graciables que otorgaba la Provincia eran irregulares.

Comentá la nota