El fiscal que se fue y el peaje Neuquén-Cipolletti.

Antes de renunciar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido había denunciado por presunto fraude millonario al Estado la renegociación del contrato por la concesión del peaje Cipolletti-Neuquén a Caminos del Valle. Los accesos al tercer puente (todavía sin hacer) forman parte de ese escandalete.
Antes de renunciar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido firmó una denuncia de un caso "en el que conviven negocios de obra pública, facturas falsas, un presunto fraude millonario al Estado y aparentes beneficios a una empresa cercana al poder", según publicó este domingo el diario La Nación. Ese caso tiene que ver con el peaje entre Cipolletti y Neuquén, la construcción de los accesos al tercer puente, y había sido denunciado en la región durante la campaña política del 2007, por el entonces candidato a presidente Jorge Sobisch.

Luego de casi dos años de investigación, Garrido concluyó que en la renegociación del contrato de concesión del corredor vial que une las ciudades de Neuquén y Cipoletti (Río Negro), aprobado en 2006, se habían otorgado "ventajas indebidas" a la empresa Caminos del Valle, pese a que había incumplido la mayor parte del contrato de concesión, celebrado en 1995.

Entre esas "ventajas indebidas" figuró la liberación a la empresa de la obligación de construir los accesos al tercer puente. Esa obra quedó para que la hiciera el Estado nacional. Vialidad Nacional la licitó y la adjudicó, pero a más de dos años de que se terminara el puente, no está siquiera empezada, por lo que el puente une la nada de un lado con la nada del otro.

Lo que publicó La Nación

A partir del análisis de los datos del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y de dos informes elaborados por académicos de la región, el hoy ex jefe de la FIA determinó que, en el momento en que se inició la renegociación del contrato, la empresa sólo había terminado 11 de las 23 obras que se había comprometido a realizar, tenía dos a medio hacer y ni siquiera había comenzado a construir las diez restantes.

Las primeras seis en terminarse habían sido las denominadas "obras iniciales", que habilitaban a la compañía al cobro de peaje, lo que comenzó a hacer en marzo de 1997, con ganancias superiores a las previstas, dado que el tránsito vehicular resultó mayor al calculado.

Pese a que la mayoría de los incumplimientos habían sido anteriores a la crisis de 2001 y al dictado de la ley de emergencia, el acuerdo alcanzado por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) no pudo ser mejor para la empresa.

Caminos del Valle -una UTE integrada por Burgwart, Esuco y Kank y Costilla, empresas líderes en la construcción de rutas en Santa Cruz y con fuertes vínculos con el kirchnerista Lázaro Báez- mantuvo la concesión hasta 2013, quedó habilitada para reclamar una actualización de las tarifas de peaje, hasta entonces congeladas, y logró que le perdonaran las 41 penalidades que acumulaba en el Occovi por incumplimientos contractuales.

A cambio, debió finalizar el tercer puente sobre el río Neuquén y una rotonda en la ciudad de Cipoletti, dos obras que, según el cronograma inicial, debían estar listas en octubre de 1997 y en noviembre de 1998, respectivamente.

Se agregó, además, un grupo de trabajo a determinar por el Occovi, por 7.410.000 pesos.

El resto de las obras que figuraban en el contrato original y que habían sido incumplidas se volvieron a licitar, lo que le costó al Estado más de 35 millones de pesos extra.

"Aun asumiendo que la emergencia haya repercutido severamente en su estructura de costos, aparece inexplicable que la empresa vaya a ver reducida su expectativa de ganancia para toda la concesión cuando percibió todo lo que pensaba recibir en concepto de cobro de peaje [e incluso más] y no hizo [ni deberá hacer] gran parte de los trabajos a los que se había comprometido al momento de licitar", dice la denuncia, en respuesta al argumento oficial de renegociación, que indicaba que se habían introducido cambios que disminuían la ganancia prevista para la compañía.

El escrito tiene fecha del 12 de marzo, el último día de Garrido en la FIA. Esa noche anunció que abandonaba el cargo por considerar que el procurador general, Esteban Righi, le había recortado sus facultades para intervenir en casos de corrupción.

El acuerdo alcanzado por la Uniren, presidida en abril de 2006 por los ministros Julio De Vido y Felisa Miceli, logró la aprobación tácita del Congreso, pese a la oposición de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que hizo la denuncia ante la fiscalía de Garrido.

El ahora ex fiscal sospecha que este caso puede estar relacionado con otro que denunció el mes pasado. Caminos del Valle es una de las empresas contratistas del Estado que operó con las empresas fantasma que proveyeron de facturas falsas a la constructora sueca Skanska, en 2005, para disimular el pago de millonarios sobornos en obras para la ampliación de dos gasoductos.

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