Este martes, el fiscal Guillermo Marijuán viajó a Santa Cruz para realizarallanamientos en propiedades presuntamente vinculadas al empresarioLázaro Báez, detenido desde abril por supuestas irregularidades en los contratos obtenidos por sus compañías para realizar obra pública.

En diálogo con el programa de Ari Paluch, El Exprimidor, en radio Latina, el fiscal explicó que su viaje al sur del país fue para "tasar algunas propiedades que se han agregado a una larga lista de inmuebles que serían del señor Lázaro Báez, de su entorno familiar o que están a nombre de sus empresas".

Marijuán agregó que tras los allanamientos de esta mañana, en el expediente de la causa ya figuran unas "130 o 140 propiedades" vinculadas a Báez o su entorno, y que luego de "valuaciones parciales y provisorias", fueron tasadas en una cifra que "supera largamente los $2.000 millones".

Además agregó que una vez que los peritos terminen con la valuación, las propiedades podrían "llegar a y superar los USD 200 millones".

Por otro lado, el fiscal reveló que espera "concluir la instrucción en los primeros meses del año que viene", por lo que la elevación a juicio oraldebería realizarse en la primera mitad de 2017. Sin embargo, aclaró que antes de que suceda eso, desde la fiscalía "necesitamos que la Justicia suiza nos brinde una información de mucha importancia".

Marijuan también se refirió al rumor que circula sobre el divorcio de Báez con su esposa, Norma Calismonte, y aclaró que esa maniobra no le permitiría a la ex mujer del empresario contar con la mitad de los bienes. "Desconozco que haya una acción de ese tipo (divorcio). Si la hubiera, son bienes inhibidos, que son anteriores a cualquier pronunciamiento sobre esos bienes", aclaró.

En la misma línea, afirmó que "incluso quien esté peticionando sobre la mitad de esos bienes tendrá que manifestar en el expediente cuál es el origen de los fondos que permitieron que ese patrimonio se esté dividiendo en un divorcio".

Por último, Marijuán admitió que el sistema judicial tiene "una gran falencia", en relación al proceso necesario para que un fiscal federal intervenga en otra provincia. "El pedido llega al juzgado federal, se le da vista al fiscal, y después se nos autoriza", explicó Marijuán, que lamentó que durante ese proceso "hay una gran posibilidad de filtración" de información, por lo que alguien podría alertar a los investigados sobre un próximo allanamiento.