El Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia fue electo en importante cargo de Consejo Nacional

En el marco de la XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina, realizadas recientemente, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales procedió a elegir sus nuevas autoridades y emitió un documento denominado " Declaración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ".
La institución está integrada por los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa Pupilar y Tutelar, de la justicia federal y de las provincias argentinas.

En el transcurso de la reunión anual, los integrantes del Consejo eligieron la nueva composición de Comisión Directiva, que asumirá funciones a partir del próximo 19 del corriente mes. Resultaron electos en los principales cargos la Dra. Liliana Piccinini, Procuradora General de Río Negro, como Presidenta ; el Dr. Alejandro Ficoseco, Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, como Vicepresidente Primero y el Dr. Fernando Oscar Estrada, Procurador del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, como Vicepresidente Segundo.

Luego del acto eleccionario, se abordó un extenso temario, entre ellos el avance de la puesta en marcha de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense, cuyo proyecto fue consensuado en el ámbito de la comisión formada a ese efecto y coordinada por el Dr. Alejandro Ficoseco.

Como se recordará, en el mes de abril pasado el Consejo Federal de Política Criminal juntamente con el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores presentó la iniciativa al por entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y actual Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional Dr. Aníbal Fernández, con el objetivo de encaminar la concreción del proyecto, que prevé la instalación de cinco institutos de alta complejidad y veinte centros satelitales en todo el país.

Declaración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el documento final, los representantes de los Ministerios Públicos, entre otros puntos, declaran que en la mayoría de las jurisdicciones del país se verifica la ausencia de políticas públicas en materia económica, social y de seguridad, que hagan a la eficacia de los derechos humanos. En consecuencia solicitan como necesario desarrollar herramientas idóneas que permitan procurar una justicia eficaz que otorgue respuestas inmediatas a todos los sectores sociales, con especial énfasis en los de mayor vulnerabilidad.

Más adelante, advierten la necesidad imprescindible de fortalecer el desarrollo del Ministerio Público. En ese sentido destacan la necesidad de la existencia de policías que dependan del Ministerio Público o del Poder Judicial a los fines de investigar el delito, cumpliendo con los mandatos constitucionales y honrando la República.

De no ser ello así, explican, se produce una lesión inmediata a los intereses de la sociedad, toda vez que los Ministerios Públicos no podrán cumplir con las funciones consagradas constitucionalmente, con el consiguiente descrédito de la Administración de Justicia.

Finalmente reiteraron el firme compromiso de colaboración en la implementación de las Políticas Públicas reclamadas, en la convicción de afianzar con ello la Justicia al servicio de los altos intereses de la sociedad toda.-

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