El Fiscal de Estado denuncia la gestión del ex presidente de Vialidad y actual senador del PJ

Hay una causa en trámite en la Justicia por la que se pretende condenar al Estado a pagar a un privado unos 4 millones de pesos y Santiago Gaitán está acusado por Rodriguez Signes de falsear una sentencia.
La acción de lesividad impulsada por el Gobierno ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por un convenio de pago firmado en 2006 por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) con la firma Nediki SA deja en una situación incómoda al ex administrador del organismo y actual senador provincial justicialista, Santiago Gaitán.

La controversia se origina a partir un compromiso de pago rubricado por la DPV con Nediki SA por un monto de 400 mil pesos, suscripto por el entonces apoderado legal del ente, Flavio Torrealday, avalado por Gaitán.

El acuerdo, según el texto de la demanda promovida por el fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes, contrarió una sentencia del STJ de septiembre de 2005, que había liberado a la Provincia de indemnizar a la firma Induvial SA, responsable de la obra de ejecución de la ruta 39.

Induvial SA cedió luego parte de sus derechos a Nediki SA, que entabló una demanda en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 contra la Provincia cuando Vialidad incumplió, por falta de recursos, aquel acuerdo de pago.

A juicio de la Fiscalía "carecía de todo sustento fáctico y jurídico el reclamo formulado por Nediki SA pretendiendo, como cesionario del cesionario de parte de los derechos de Induvial SA, percibir una suma de dinero cualquiera".

"La maniobra orquestada desde la firma Nediki SA, y avalada por el Sr. Santiago Gaitán, resultaba harto evidente", dice el escrito, que ahora analiza el STJ, y sobre el cual todavía no hay sentencia.

Irregularidades

En febrero de 2009, y a través del decreto Nº 183, el Poder Ejecutivo declaró lesivo el acuerdo de pago de la DPV con Nediki SA, medida que tuvo por objeto frenar la demanda de la empresa privada contra el Estado provincial, en trámite ante la Justicia Civil, y por la que reclama una suma, sin actualizar, de 880.690,17 pesos.

Para quedar firme esa declaración de lesividad, necesita una sentencia del STJ, y para eso el fiscal de Estado hizo una detallada presentación en la que puso en dudas la resolución 1.729 del año 2006 de la Dirección de Vialidad, por la que se obligó al pago de una indemnización en favor de Nediki SA.

"Las actuaciones administrativas —observó Rodríguez Signes— tuvieron por objeto arribar a un acuerdo sin que obre antecedente alguno que permita deducir el origen de la deuda o lo que es aún más grave, falseando el por entonces Director de la Dirección Provincial de Vialidad, Sr. Santiago Gaitán, su contenido al decidir arrogar carácter condenatorio a favor de Induvial SA a una sentencia (del STJ, de 2005) que, al hacer lugar parcialmente a la demanda, lo único que resolvió es liberar a Induvial SA de pagar la suma derivada de la planilla Nº 115/93".

Según la Fiscalía, la sentencia del STJ dejó firme la rescisión del contrato entre Induvial SA y DPV, pactada a través de un convenio en abril de 1992.

"En consecuencia, le negó a la DPV la posibilidad de cobrarle a Induvial SA las sumas derivadas de la Planilla Nº 115/93 y a la empresa sus reclamos indemnizatorios con lo cual el resultado del fallo arroja que entre ambos no se adeudaban suma alguna".

A partir del reclamo presentado por Nediki SA en Vialidad, dice el texto de la demanda, "y sin otro antecedente que la sentencia bajo examen, a sólo 30 días de ingresado el reclamo, el 6 de noviembre de 2006, el apoderado de la DPV, Dr. Torrealday, suscribe un convenio y su ampliatorio con Nediki SA, sucediéndose innumerables irregularidades por parte de dicho profesional, convalidadas por el entonces Director de Vialidad, Sr. Santiago Gaitán".

El Fiscal de Estado apunta a Gaitán

Según el fiscal Rodríguez Signes, "lo que queda claro es que la DPV, como consecuencia de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, no le adeudaba absolutamente nada a Induvial SA, de allí la grave irregularidad del convenio firmado y convalidado por el Sr. Santiago Gaitán cuando, con toda falsedad, afirma en su cláusula primera que la DPV fue condenada al pago de $ 842.393,27 centavos, con más intereses".

La piedra de toque que desató la controversia fue, entonces, aquel convenio de pago que rubricó Vialidad en 2006 con Nediki SA, declarado a comienzos de este año "lesivo" por el Poder Ejecutivo.

Ese compromiso de pago no se cumplió, y ello originó una demanda contra la Provincia, que está a sentencia en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7.

Antes, fue el principio de todo: a comienzos de la década de 1990 Vialidad encargó a la empresa Induvial SA, con domicilio en Buenos Aires, ejecutar las obras de arreglo de la ruta provincial Nº 39, que la contratista no llegó a ejecutar.

El tema derivó en el cruce de demandas. Induvial SA se negó a pagar una indemnización que le reclamó la DPV, organismo este último que dispuso la rescisión del contrato de obra.

Luego, la cuestión llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en 1995 convalidó la rescisión del contrato, pero dejó sin efecto el pago que Vialidad le reclamó a Induvial SA.

El decreto 183 recuerda entonces que, según el fallo, el Estado no debió reclamar suma alguna a la contratista, y de igual forma "la misma sentencia rechazó la demanda en relación a los demás rubros reclamados por Induvial SA, lo que significó declarar que tampoco la Provincia debía nada a la actora".

Pero la resolución del STJ "tuvo una derivación irrazonable e incausada para los intereses de la DPV" desde el momento en que Vialidad, al poner a un lado el fallo del máximo tribunal, reconoció en 2006 una supuesta deuda con Induvial SA, ahora representada por Nediki SA. Al asumir el pago de esa deuda, Fiscalía entiende que Gaitán "falseó" el contenido de la sentencia del STJ que liberó a Vialidad de toda indemnización a la contratista.

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