Fiscal de Estado aseguró que Defensa Civil debe velar por subsidios otorgados a las asociaciones de bomberos

Virgilio Martínez de Sucre descartó la denuncia contra el Director Provincial de Defensa Civil, por falencias en la asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande. Contradictoriamente concluyó que el control debe ser «más exhaustivo» y exhortó al Gobierno a tomar medidas. Concluyó que Zóffoli debe velar por el uso que las asociaciones dan al subsidio provincial, situación que el funcionario intentó desconocer en todo momento.
El Fiscal de Estado emitió el dictamen 19/09 con fecha 3 de agosto, consignado por el propio Virgilio Martínez de Sucre; a raíz de la presentación de los bomberos Daniel Herrera, Mauricio Navarrete, entre otros firmantes contra el actuar del director Provincial de Defensa Civil, Rubén Zóffoli.

En cuanto al cuestionamiento de la conducta del titular de Defensa Civil, Rubén Zóffoli, ante presuntas irregularidades en el control de la asociación de Bomberos Voluntarios Río Grande; el Fiscal de Estado da por finalizadas las actuaciones.

Martínez de Sucre asevera que el funcionario realizó una inspección operativa el 3 de marzo de 2009 «poco antes de la presentación realizada por los denunciantes ante esta Fiscalía de Estado», y que en ese informe se emitieron consideraciones, conclusiones y recomendaciones prioritarias «todas ellas con el objeto de adecuar a las necesidades actuales de la población, dicho servicio público».

Incluso algunos de los ítems «se estaban modificando varios de los puntos que se le solicitaban», enumerando «la entrega al cuerpo activo de elementos propios de la lucha contra incendios, la de material informático y se han mejorado las condiciones de habitabilidad en los lugares donde deben permanecer los bomberos», rezó el informe de Zóffoli en su momento.

El reporte de Defensa Civil concluye que la asociación «se encuentra en condiciones de prestar el servicio», agregando, «ello sin perjuicio de la posibilidad de perfeccionarlo e inclusive evaluar la conveniencia de impulsar la creación de otra asociación ante el incremento poblacional», expresó Zóffoli.

Control insuficiente

El Fiscal de Estado concluye que desde la Dirección Provincial de Defensa Civil se han emprendido acciones tendientes a garantizar una adecuada prestación del servicio que le compete a la Asociación de Bomberos Voluntarios «no obstante ello no puede omitir puntualizar que las falencias que revela el informe preliminar -al menos en muchos casos- no pueden datar de poco tiempo antes de aquél, razón por la cual puede afirmarse que de haberse efectuado un adecuado control de las cuestiones técnicas y operativas por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, las mismas no habrían acaecido, o en su defecto, es de suponer que inmediatamente se habrían instado y ejecutado las acciones correctivas correspondientes».

En este sentido Martínez de Sucre exhorta al Ministro de Gobierno a instar a quienes tienen a su cargo el control operativo y técnico de las asociaciones de bomberos para que «adopten los mecanismos y procedimientos administrativos necesarios para evitar falencias en las mismas y una inadecuada prestación del servicio público que tienen a su cargo».

Defensa Civil debe velar por los fondos

Un extracto importante del dictamen hace alusión al artículo 5 de la Ley Provincial 345, del año 1996, que establece que la Dirección Provincial de Defensa Civil «tendrá competencia para verificar las inversiones de los fondos correspondientes a los subsidios nacionales o provinciales que se hayan otorgado, su correcta guarda, uso, mantenimiento, conservación y/o baja de los elementos adquiridos».

Esto deja en claro una situación sobre la cual Zóffoli en todo momento intentó deslindar responsabilidades, al aseverar que no tenía competencia en la materia.

«En mi opinión tiene competencia en materia de rendición de fondos recibidos por las asociaciones en virtud de la Ley Territorial 326», la que establece el subsidio provincial que reciben todos los meses.

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