Un fiscal convocará a Peres a indagatoria

El fiscal Ordás decidió que el ex funcionario tiene que ser citado por la jueza Maza como sospechoso de haber cometido algún delito, aunque pedirá que se incorporen más pruebas al expediente.
El 2009 no empezó bien para Natalio Guillermo Peres. Primero fue destituido de su cargo de presidente del Tribunal de Cuentas, y ahora un fiscal tomó la decisión de citarlo a indagatoria en la causa penal donde se investiga la responsabilidad de las autoridades del organismo en la falta de controles a dos cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, por donde se desviaron 960.456,21 pesos.

El expediente se instruye desde hace más de tres años en el Juzgado de Instrucción 7, a cargo de la jueza Florencia Maza. Ella será quien, en definitiva, resuelva cuándo indagar a Peres. Para ello tendrá en cuenta la postura del fiscal Carlos Ordás, quien ya tiene decidido que sea citado como sospechoso de cometer algún delito. Pero antes de dar ese paso, Ordás le pidió a Maza que incorpore a la causa una serie de pruebas documentales. En ámbitos judiciales se considera que ello no demandará demasiado tiempo y que, una vez incorporadas las pruebas, el ex presidente del TdeC será indagado.

Pero Peres no será el único ex funcionario que deberá recorrer ese camino. Lo mismo ocurrirá con el ex vocal Rubén Rivero, que también fue destituido por un jurado de enjuiciamiento el 1 de marzo por "mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, e incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo".

En realidad, Maza ya había intentado indagar a ambos -y al otro vocal, Francisco García- pero se vio impedida porque las autoridades del Tribunal tienen un mecanismo especialmente de juzgamiento. Por ello tuvo que esperar a que primero el jury los destituyera, algo que no ocurrió con García (por lo tanto, la magistrada sigue sin poder citarlo).

La causa penal tiene otros cuatro imputados, la ex jefa de División Central, María de los Angeles Sarricouet de Rausch; la subjefa de la División Central, Marta Blanco de Contreras, una empleada que controlaba las rendiciones en el IPAV, Gladys Clement de Matus, y una pasante, Flavia Vargas. Ellas fueron indagadas en 2006 por la jueza anterior, Verónica Fantini, pero sus situaciones procesales están irresueltas. Por eso Ordás debe opinar si corresponden procesarlas o no y luego Maza resolver en consecuencia.

La investigación por la falta de buenos controles fue abierta por Fantini como una derivación de la megacausa del IPAV, en la que fueron condenados a cinco años de prisión el ex vicepresidente ejecutivo Hugo Agüero y el ex gerente general, Luis Araniz, por sustracción de fondos públicos y pago de coimas.

En ese proceso también fue condenado el ex tesorero del IPAV, Walter García, quien durante el juicio aseguró que el Tribunal de Cuentas conocía la existencia de las cuentas bancarias por donde se desviaron los dineros públicos.

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