La fiscala Juana Prieto de Sólimo requirió a principios de abril del 2015 la elevación a juicio de la causa iniciada en virtud de las anomalías detectadas en el trabajo que el ex fiscal Carlos Albaca desarrolló mientras controló la investigación del homicidio de Paulina Lebbos, por considerar que el ex titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación de esta capital es el probable autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; de promoción de la represión (retardo y denegación de justicia) y de encubrimiento agravado.

Esta acusación fue organizada alrededor de la imputación de 11 hechos. Entre ellos, se describen pruebas técnicas y estudios científicos que no se habrían efectuado; sospechosos sobre los que no habría indagado y pistas que no habría seguido deliberadamente.

El ex fiscal Albaca estuvo a cargo de la instrucción que investigó la muerte de Paulina desde el 2006 hasta el 2013, cuando fue reemplazado por el fiscal Diego López Ávila por disposición del ex Ministro Fiscal, Luis Di Mitri.

En oposición, el abogado defensor del ex fiscal, Manuel Agustín Pedernera, había solicitado la nulidad de la causa y que se aparte a la fiscala, así como la absolución de su defendido. Pedernera basó su pedido considerando que el ex fiscal “descalificó respetuosamente las consideraciones de la fiscala Prieto de Sólimo". "Están remitidos en el expediente en común y revertidos todos los hechos que se le atribuyen", sostuvo.

“De manera sorpresiva y sin la debida motivación se está cerrando una investigación que aún no concluyó, esto incumple los deberes procesales exigidos para dilucidar las responsabilidades que se le pretenden endilgar a Albaca. Es una decisión injustificada y prematura, que cercena derechos de defensa que son de raigambre constitucional y que no sólo afectan a mi defendido gravemente sino también a la posibilidad de que toda la sociedad conozca lo que lamentablemente sucedió con la víctima”, rezaba el planteó de absolución presentado por Pedernera.

Finalmente el juez de la IV nominación, Víctor Pérez, decidió no hacer lugar a estos planteos y elevar a juicio oral y público la causa contra el ex fiscal por incumplimiento de los deberes de un funcionario público, por retardo y denegación de justicia y encubrimiento agravado en el caso Lebbos.

La causa contra Albaca había sido abierta a partir de al menos dos denuncias: una de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y otra del diputado José Cano (UCR). El expediente recayó en la oficina de Prieto de Sólimo por orden del ministro público Edmundo Jiménez, tras la inhibición generalizada de los fiscales de instrucción. Previamente a la denuncia de la Corte, Albaca fue sometido a un sumario administrativo que desencadenó su renuncia con fines jubilatorios y precipitó la dimisión del ex ministro público Luis De Mitri.