La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, detonó una serie de advertencias por parte del fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas.

Como se recordará, el vicegobernador en uso de licencia declaró un patrimonio que supera los $ 5 millones, el más abultado de los consignados por los miembros del Gabinete de la Nación.

Brito requirió formalmente a Bejas, una vez más, que se lleven a cabo las medidas probatorias que solicitó, a partir de la presentación efectuada por el dirigente peronista Oscar López contra el funcionario nacional. "Insisto en el pedido de copias de las declaraciones presentadas por el ministro Manzur ante la Oficina Anticorrupción y autoridades locales, a fin de precisar el fuero y la jurisdicción del juez que deberá intervenir en estas actuaciones".

Precisamente, el miembro del Ministerio Público Fiscal le recordó al magistrado en el primer párrafo de su escrito que, "al requerir instrucción en este legajo. le anoticié al señor juez que resulta prioritario, en el marco de una investigación penal iniciada por denuncia de un ciudadano, precisar el fuero y la jurisdicción que debe intervenir". En concreto, el fiscal advierte que dado "el tipo penal presuntamente conculcado, y el carácter de funcionario nacional del denunciado", debe determinarse si la pesquisa debe sustanciarse por la Justicia Provincial o Federal. Y, dado este último caso, si la investigación jurisdiccional debe ser llevada adelante por el juez federal de Tucumán o por el de Capital Federal, donde Manzur cumple funciones.

Brito también cuestionó la decisión de Bejas de requerir a la AFIP "que coteje declaraciones juradas de impuestos con la documentación que estimare pertinente (??!!)" (sic). También criticó que se solicite al organismo nacional que "emita un informe que determine si se observa un incremento patrimonial desmedido, injustificado o que no se corresponda con los ingresos" del ministro.

"No sólo implica resignar facultades judiciales a un organismo administrativo que carece de atribuciones para tal determinación, sino que también conlleva la posibilidad de cuestionamientos futuros al rumbo investigativo", alertó.

"Aún no se verificó la procedencia de la competencia federal y territorial y ya se disponen medidas probatorias orientadas a la comprobación del delito", remarcó.

Según Brito, "tampoco aparece comprensible" que se restringieran las medidas a los períodos 2008, 2009 y 2010, "cuando Manzur se desempeñó como vicegobernador y como ministro de la provincia en períodos anteriores a los requeridos, encontrándose obligado a presentar declaraciones juradas en sede provincial, con relación detallada de los bienes propios, del cónyuge y de los hijos menores".

El fiscal también objetó que el juez requiriese datos a la AFIP sobre observaciones o determinaciones de deuda que merecieran las declaraciones juradas de Manzur. "El objetivo de la investigación debería enderezarse a comprobar si incurrió en conductas reprochables por enriquecimiento ilícito, más allá de que luego se determine si también infraccionó el régimen penal tributario" (sic), argumentó.