De esta manera, el jefe de Gobierno porteño recibió un nuevo revés judicial este miércoles, esta vez en la causa en la que se investiga la brutal represión  a médicos, internos y periodistas, durante el desalojo de los talleres del hospital Borda en abril del año pasado. 

En  tanto, el fiscal Jorge Di Lello también apeló en otra causa, la decisión de la justicia de no enviar a juicio oral a Macri en la causa de las escuchas telefónicas ilegales.

El fiscal general Ricardo Sáenz sostuvo que si bien "es materialmente imposible que el jefe de Gobierno y sus ministros conozcan simultánea y pormenorizadamente cada uno de los asuntos que integran la agenda de la Ciudad", "lo que estaba sucediendo no podía escapar de sus conocimientos".

Los trabajadores de ATE Capital como querellantes ya habían apelado la decisión y ahora el fiscal general ante la Cámara Criminal y Correccional  Sáenz, adhirió al recurso contra el sobreseimiento dictado por el juez Jorge Adolfo López, según confirmaron fuentes judiciales aminutouno.com.

El magistrado había sobreseído a Macri, a la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, al titular del Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y Graciela Reybaud del minsterio de Trabajo.

Al sobreseerlos, el juez de instrucción consideró que "la responsabilidad penal debe estar regulada por sus propios actos y no por los cargos jerárquicos que desempeñan".

El fiscal sostuvo que la resolución en la que se sobresee a los acusados fue "caprichosa y arbitraria" y que "no fue debidamente fundada", por lo que ahora deberá resolver la Cámara del Crimen.

Para Sáenz, la represión "no fue una medida dispuesta en forma intempestiva ante una necesidad repentina sino que de la investigación surgiría que el despliegue policial fue planificado".

"Al estar en los albores de la pesquisa, resulta prematuro excluir de responsabilidad a los que por su investidura tenían a su cargo la conducción política" de la Policía Metropolitana, sostuvo el fiscal, según las fuentes consultadas.

Sáenz argumentó que aún se debe determinar "si los funcionarios sobreseídos deberían haber actuado para enmendar las deficiencias operativas que se estaban registrando".

Fue categórico al establecer que la delegación de funciones "no desvincula al superior del desempeño de sus subordinados ni menos aún los exceptúa de intervenir ante una situación crítica". 

A fines de diciembre pasado, el grupo de trabajadores de ATE Capital sostuvo al apelar que la responsabilidad de los funcionarios "es indubitable", porque "se dejó hacer al personal policial durante 6 horas, con la consiguiente consecuencia de heridos y apaleados"