El fiscal analiza si existió delito en el embargo municipal contra la empresa Tarjebus

La presentación judicial realizada por el ex vicepresidente del Concejo Deliberante local y por su secretario es analizada por el fiscal Oscar Bautista Duizeide quien deberá, en las próximas horas, determinar si existió algún delito en el embargo municipal contra Tarjebus, empresa dedicada a la fabricación y venta de boletos para ómnibus.
El ex concejal peronista Juan Leiva y el secretario del cuerpo deliberativo, el radical Raúl Vidal, fueron quienes llevaron hasta la mesa de entradas de la fiscalía la resolución tomada por los ediles de la oposición, en la que se cuestiona el accionar del jefe comunal.

Como se sabe, la principal crítica apunta a un decreto del intendente Cristian Breitenstein que fue ejecutado el 18 de septiembre cuando, en realidad, el jefe comunal ya se encontraba en Alemania. Según fuentes municipales, el expediente fue firmado dos días antes (día 16) por el propio Breitenstein y luego, fechado por algún secretario al momento de concretarse la incautación en Tarjebús.

La cuestión a analizar por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n°3 será si entiende que el intendente o algún otro funcionario incurrieron en el delito de "falsedad ideológica o material" al utilizar para el embargo un decreto al que se le agregó la fecha dos días después de haber sido refrendado por el jefe comunal.

Para algunos abogados -consultados por labrujula24.com- se trata de "una desprolijidad administrativa, que en los ámbitos gubernamentales pasa todo el tiempo". Los que apoyan esa teoría afirman que "jueces, ministros, gobernadores muchas veces firman documentos en días diferentes al que indica el expediente y no pasa nada, es una cosa cotidiana".

En cambio, un conocido abogado local le dijo a un cronista de este diario digital que "si el Intendente firmó un documento que luego fue completado por otro funcionario está mal y constituye una ‘falsedad ideológica’ ya que, se está insertando algo nuevo a un documento que ya no puede ser alterado".

Por ahora, el fiscal Duizeide analiza el tema y no se descartaba que en esta semana solicite el famoso decreto municipal 1251 para poder contar con todos los elementos del caso. De encontrase la posible comisión de algún delito, el funcionario judicial deberá buscar al o los culpables. En cambio, de entender que no existió ningún tipo de delito penal la causa será desestimada.

Además del mencionado fiscal, en la causa número 18255 (que acumula 3 fojas) actúa la jueza Marisa Promé -a cargo del juzgado de Garantías n°4- y como defensor oficial, el doctor Jorge Sayago.

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