Se firmó el contrato para la auditoría externa

(25 de Mayo) - Ayer a la mañana, el viceintendente, Nicanor Romero; y el contador Antonio Felice, firmaron el contrato para que el estudio santarroseño realice la auditoría externa y determine si existieron o no irregularidades en la administración municipal durante la gestión del intendente, David Bravo.
La tarea se iniciará el 15 de septiembre y se finalizaría en 60 días. El monto total del contrato supera los 92 mil pesos.

El estudio contable que realizará la esperada auditoría es de Antonio Felice, de Santa Rosa, quien pondría a disposición cuatro profesionales: dos contadores, una abogada y un especialista en sistemas.

En mayo, la oposición había empezado a reclamar que se tomara esta medida, argumentando que siempre se les había negado información y que nunca había podido saber en qué se han gastado los recursos municipales.

"Nosotros, desde el oficialism,o adherimos a la auditoría desde el primer día, sólo que no permitimos que se hiciera de otra forma que no fuera la correcta. En este momento, te digo que estoy más preocupado por la actuación de los Auténticos Decadentes, para que salga todo bien, que por la auditoría porque no tenemos nada que esconder", explicó Romero.

Crisis.

Cabe recordar que fue precisamente esta auditoría la que provocó una crisis política sin precedentes en esta localidad, que casi termina con la intervención de Concejo Deliberante. En medio hubo acusaciones cruzadas. Mientras la oposición enfatizó en la posibilidad de irregularidades administrativas, desde el oficialismo se afirmó en todo momento que se trataba de una estrategia política tendiente a "voltear" al gobierno de David Bravo.

Paralelamente, hubo hechos que están en la Justicia, tales como la desaparición de una "notebook" del despacho del intendente David Bravo, que apareció en manos de un concejal opositor. Se la había entregado un joven que ingresó a la municipalidad. El jefe comunal inmediatamente lo condenó. Pero luego el ladrón habría dicho en fiscalía, que el robo habría sido ordenado por el propio intendente. El caso aún se investiga.

Ahora, las expectativas están puestas en los resultados de la auditoría. Si se prueban las irregularidades, no habrá lugar a excusas y será un costo político alto para el gobierno de David Bravo, que incluso podría derivar en acciones judiciales que comprometerían principalmente al joven intendente. Si por el contrario no se puede probar nada, el costo político será para la oposición que puso el Concejo al borde de la intervención, sin que haya razones que lo justifiquen.

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