Tras una jornada de intensas negociaciones, anoche los gobernadores petroleros y la Nación acordaron la reforma de la Ley de Hidrocarburos que será enviada hoy al Senado.

El gobernador Jorge Sapag se mostró firme en varios puntos del borrador que había recibido el jueves pasado. Junto con el chubutense Martín Buzzi negoció los aspectos más conflictivos con el presidente de YPF, Miguel Galuccio, en la torre de la petrolera en Puerto Madero. Mientras se discutían esos detalles, el resto de los representantes de la Ofephi estaban reunidos en la Casa de Mendoza.

El neuquino logró modificar los plazos de los permisos exploratorios y las concesiones, el control de las licitaciones, y el bono que deberán pagar las empresas a las provincias para acceder a las prórrogas por 10 años. Sapag consiguió que se incremente el porcentaje (será del 2%) que se tomará en cuenta para calcular ese canon y que estará vinculado a las reservas probadas remanentes. El esquema quedó establecido en la reforma, para que no haya discreción a la hora de extender los contratos. Se busca dar “previsibilidad al negocio”, explicaron fuentes conocedoras de las conversaciones que transcurrieron ayer.

El bono se podrá aplicar en los casos en que una petrolera tenga un bloque convencional en concesión y pida la extensión de los plazos para un proyecto no convencional, pero en ningún caso se pagará para ingresar a un área. Además, el concesionario deberá abonar una regalía adicional del 3% en cada prórroga, con un techo del 18%.

Sapag fue el que más resistió el proyecto original. Tal es así que estaba previsto un encuentro con la presidenta Cristina Fernández para las 16 de ayer, que fue pospuesto porque las negociaciones para esa hora aún no estaban cerradas. A las 19, la mandataria llegó a Formosa, donde inauguró obras con el gobernador Gildo Insfrán. El acto culminó a las 20.30 y Cristina regresó a Buenos Aires, mientras se redactaba el proyecto final en la torre de YPF.

Sobre las 21 se cerró el acuerdo y el contingente de la Ofephi se trasladó a la Casa Rosada para rubricarlo con la Presidenta.

Finalmente, quedó establecido que las provincias y Nación no podrán reservar áreas a favor de sus empresas ni aplicar en las licitaciones el sistema de acarreo mediante el cual las firmas como GyP iban asociadas a las privadas sin aportar inversiones. De esta forma, se garantiza una competencia leal entre todas las compañías. De todas maneras, correrá a riesgo del inversor si decide llevar a otra empresa con carry en el período exploratorio. En la etapa de desarrollo cada una deberá invertir lo que le corresponda.

También se acortaron los plazos exploratorios para combatir el “negocio inmobiliario”, es decir la inversión especulativa. La idea es acelerar los desarrollos de las áreas.

Por otro lado, las empresas pagarán a las provincias el 2,5% del monto inicial de inversión en concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y el Estado Nacional aportará fondos para financiar obras de infraestructura. Los gobernadores lograron elevar el porcentaje, que en el borrador inicial de Nación era del 1%.

Tal como adelantó LM Neuquén, Nación cedió sobre varios puntos como la cuestión impositiva. A cambio, se impulsará un pacto fiscal que deberá tener el visto bueno de las legislaturas provinciales, para homogeneizar las alícuotas de la actividad petrolera.

También se le otorgó rango legal al Plan Gas, que paga 7,50 dólares el millón de BTU a las empresas que incrementen la producción. Además, se dejó fuera de la reforma la cuestión ambiental. Las provincias y Nación trabajarán en otra legislación para que haya prácticas uniformes en la industria.

Contratos de GyP y la 2615 no se tocan

NEUQUÉN

Tras lograr introducir varias modificaciones al borrador que le había entregado la Nación, el gobernador Jorge Sapag destacó que se tomaron en cuenta “casi todas las inquietudes de las provincias”.

Voceros del mandatario indicaron anoche que se logró el compromiso de que se respetará la “seguridad jurídica” para las 54 sociedades que la empresa GyP tiene en marcha con compañías privadas, al igual que las renegociaciones de las concesiones que se realizaron mediante la Ley Provincial 2615. Es decir que la reforma de la Ley de Hidrocarburos no afectará de ningún modo los contratos vigentes. Los mediadores entre el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y las provincias fueron el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

Quien salió a criticar el acuerdo fue el intendente Horacio Quiroga. Mediante su cuenta de Twitter indicó que la nueva norma “está hecha a medida de YPF”. Y agregó: “Prueba de ello es que Jorge Sapag se sentó a discutir la ley con Galuccio que es presidente de una concesionaria, no es el gobierno nacional”.