Firmas de transporte presionan al Concejo por otro incremento

Un sector del empresariado habría advertido posibles protestas de colectiveros ante la desaprobación del aumento en los boletos. Un sector de los concejales advierte que existió "ilegalidad" en el procedimiento de la comisión mixta que evalúa el precio del servicio. Vecinos protestaron frente al recinto legislativo contra la suba.
Administrativos de las firmas de colectivos relacionadas con Juan Carlos Romero, advirtieron que la negativa de los concejales al pedido de incremento "podría generar protestas" de los trabajadores de esas firmas.

Indican que esas manifestaciones serían una consecuencia de la imposibilidad que tendría el empresariado para afrontar futuros incrementos salariales del sector.

El llamado de atención está relacionado con los fundamentos expuestos en el pedido de cambio tarifario que se analiza actualmente. El escrito indica que existió variación en los precios de los insumos que utilizan los ómnibus, y propone un boleto plano de 2,09 pesos para afrontar futuros aumentos de salario a los choferes.

Las mejoras salariales fueron excusa para que se apruebe el último incremento tarifario. El cambio de precio fue aprobado por el Concejo Deliberante después que el gremio de la Unión Tranviarios Automotor paró el servicio para presionar por mayores sueldos.

Después de las huelgas, el 1 de julio de 2007 los legisladores locales sancionaron la ordenanza que elevó la tarifa plana de 1 peso a 1,30, y a la de estudiantes de 35 centavos a 45.

AMENAZAS FEROCES

Desde una Asociación de Usuarios y Consumidores advirtieron que existiría un plan del grupo empresario que maneja la mayoría de las líneas de colectivos urbanos para quitar de circulación a la empresa que explota la traza de la línea 110.

La estrategia incluiría la participación de la Unión Tranviarios Automotor, quienes habrían puesto condiciones a los administrativos de la firma para forzarlos a dejar de prestar el servicio.

Según el trascendido la intensión sería aplicar la misma estrategia utilizada con la firma Santa Ana de los Guácaras que cubría el recorrido de la línea 11. Esta fue obligada por el Poder Ejecutivo comunal a suspender la prestación por supuestas "irregularidades". Pero esta prohibición se resolvió después que un grupo de afiliados a la UTA cerrara los accesos a los galpones en los que se guardaban los vehículos.

El piquete duró dos semanas y culminó con varios ómnibus dañados, y tras un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía.

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