Dos firmas pagaron sus deudas

Lo confirmó la Subsecretaría de Ingresos Públicos de Santa Fe. Se trata de unos nueve millones de pesos que dos conocidas multinacionales cancelaron con el fisco luego de una intimación.
La subsecretaria de Ingresos Públicos de la provincia, Teresa Beren, informó que las multinacionales que fueron detectadas con distintos grados de evasión impositiva ya cancelaron la deuda al Estado santafesino. Son unos nueve millones de pesos que Cargill y Petrobras abonaron por no declarar nuevas construcciones y por usufructuar indebidamente algunos beneficios del régimen de promoción industrial, respectivamente.

El dato no es menor porque en un primer momento varios legisladores del justicialismo habían señalado que las fiscalizaciones oficiales en los puertos privados eran una especie de persecuciones fiscales, que iban a generar que las empresas se vayan de la provincia. Sin embargo, hasta la fecha ambas multinacionales no apelaron administrativamente la decisión del Poder Ejecutivo, asumieron sus deudas y las pagaron.

A su vez, no cayó bien en la Casa de Gobierno algunas declaraciones que formuló el ex presidente de la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe (Fisfe), Carlos Capisano, quien se sumó a las quejas de dirigentes peronistas por los controles a las multinacionales y dejó entrever que detrás de las inspecciones hay otras motivaciones, que no quiso mencionar.

En diálogo con En Foco XXI Radio, Carlos Capisano manifestó: "Todo tema de evasión de impuestos debe ser castigado, censurado. Realmente no conozco la situación de estas empresas grandes (Cargill y Petrobras) que fueron señaladas por el gobierno como que cometieron evasión. No tengo ninguna información y no puedo generar ninguna opinión sobre el problema, esperemos que las empresas puedan demostrar que fue un error de las autoridades (sic)".

Al respecto, Teresa Beren opinó que "sin lugar a dudas no hay ningún tipo de error" en las inspecciones realizadas por el organismo que dirige. "El trabajo que nosotros hacemos es a partir de los metros que están declarados en la provincia, unos 631 mil metros cuadrados aproximadamente entre los puertos y todas las empresas ubicadas en las 38 estaciones fluviales de Santa Fe", explicó la subsecretaria.

"Nosotros –continuó– empezamos una serie de investigaciones porque teníamos indicios que faltaban varios metros sin declarar y es por eso que hicimos un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Argentina y el Instituto Geográfico Militar, y a partir de allí encontramos que había sin declarar en todo el territorio unos 800 mil metros cuadrados".

Las irregularidades

—¿Con qué se encontraron en el caso puntual de Cargill y Petrobras?

—Son dos situaciones distintas. En el caso de la primera de las empresas había una cantidad muy importante de metros sin declarar, más de 200 mil metros en toda la provincia, porque la firma tiene tres plantas. Nosotros hicimos la visita a una de sus plantas y a partir de ahí comenzamos a investigar la situación de otros impuestos y nos encontramos que la empresa se declaraba exenta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las 24 jurisdicciones argentinas para todos los regímenes de retención y percepción.

"¿Esto qué quiere decir? Que cualquier empresa que importa bienes para vender en territorio argentino, en el momento de importarlo, la Aduana le retiene un pedacito de impuesto para cada una de las provincias; entonces, si uno se declara exento, la Aduana no interviene y no cobra el impuesto a cuenta de las provincias. Esto es lo que ocurría con esta empresa, que por todo lo que importaba de fertilizantes e insumos que vendía en el mercado interno, la Aduana no le cobraba impuesto sobre los Ingresos Brutos", añadió.

—¿Pero Cargill no está exenta de pagar Ingresos Brutos (por estar acogida al régimen de promoción industrial)?

—Sí, pero ocurre que las multinacionales operan con empresas de otras provincias y no les están reteniendo ni están actuando como agentes de retención de Ingresos Brutos en Santa Fe. En el caso de Cargill encontramos que se vinculan con 1.000 empresas de otros distritos que no pagan ningún impuesto en Santa Fe, debiendo pagarlo, y no le avisan ni siquiera al fisco santafesino.

"Está claro que Cargill no tiene –según el régimen de promoción industrial reglamentado por el PJ– que pagar por sus exportaciones pero lo que necesitamos es que cada uno de los actores de la economía ayude al Estado a que se pueda cobrar. Entonces, si Cargill le está comprando o vendiendo a una empresa de otra provincia, le tiene que informar al fisco santafesino para que esa otra empresa que opera en Santa Fe pague sus impuestos y para que haya una competencia legítima entre todos los empresarios santafesinos con los del resto del país".

—¿Por qué se llegó a esta situación irregular?, ¿las gestiones anteriores fueron demasiadas permisivas, fueron funcionales a las multinacionales?

—Nosotros creemos que es profesionalmente inexplicable por qué no se controló al sector por el cual sale el 35 por ciento de las exportaciones argentinas a lo largo de más de una década. Esa no investigación, ese no control fiscal, conlleva para nosotros una fuerte responsabilidad política (del PJ) y fue una decisión de no controlar al sector, no mirar hacia ese sector, que es el de mayor capacidad contributiva que tenemos en la provincia.

Sigue el relevamiento

—¿Cuánto significó en pérdida para la provincia de Santa Fe y en segundo término para municipios y comunas el error de la firma?

—En realidad no tenemos terminado el relevamiento en las 38 empresas respecto del momento en que cada una de ellas tendría que haber declarado las mayores superficies, pero si tomamos el caso de Cargill, donde embargamos por una deuda de 575 mil pesos, el 50 por ciento se coparticipa a municipios y comunas.

—Después de las denuncias que hicieron contra estas dos empresas, ¿qué respuestas recibieron de los titulares de esas firmas?

—Hasta el momento no hubo una excusación por parte de las empresas y, de hecho, cuando nosotros trabamos el embargo a cada una de ellas no hubo ningún tipo de obstáculo, el embargo quedó firme y no se opuso ninguna razón por la cual las firmas pudieran expresar que la deuda no corresponde.

—¿Y los tiempos administrativos ya expiraron como para que lo hagan?

—Así es. Eso no quiere decir que no existan otras instancias (de queja o apelación) y que no exista el derecho de defensa de las firmas y de todos los contribuyentes, y es legítimo que así sea, pero en estas instancias y frente a estos hechos puntuales, no existen hechos objetivos ni existen presentaciones objetivas de ninguna de las empresas que fundamenten que lo que nosotros estamos reclamando sea incorrecto.

—¿Es decir que ninguna de las dos empresas apeló el embargo?

—No, ninguna apeló el embargo. De hecho, en el caso de Petrobras, no sólo que no apeló sino que para evitar el embargo depositó voluntariamente el total reclamado por el fisco santafesino (unos 8,5 millones de pesos).

—El intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis dijo que el error de no declarar las nuevas construcciones fue de su administración y no de Cargill, y criticó a la provincia, ¿qué opina?

—La declaración de mejoras se informa a distintos organismos: así como uno paga los sellados profesionales, paga los metros por el final de obra en los municipios y también lo tiene que declarar en la provincia. Eso está previsto legalmente en el Código Fiscal, eso no hizo la empresa y es por eso que son incorrectas las declaraciones del intendente de Puerto General San Martín.

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