Hoy a las 9 la autonomía porteña dará un gran paso adelante. El Presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta firmarán un convenio para empezar a traspasar la justicia penal a manos del Estado local. La medida saldará una deuda institucional de 20 años y tiene como objetivo agilizar el funcionamiento de los juzgados. Pero no está libre de polémica: los jueces nacionales se resisten al cambio de mando.

El convenio deberá ser ratificado por los poderes legislativos de ambos distritos. Según averiguó Clarín, en la Legislatura el oficialismo no tendría problemas para conseguir los votos, y también habría posibilidades de avanzar en el Senado. Resta saber qué pasará en Diputados.

La idea es traspasar ocho juzgados nacionales en lo criminal y correccional, que están vacantes y dos juzgados de Menores. Quedarán para más adelante los fueros Civil y Comercial, Laboral y de Familia.

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La idea es traspasar ocho juzgados nacionales en lo criminal y correccional, que están vacantes y dos juzgados de Menores.

Policía. La Federal transfirió 19 mil agentes que se fusionan con la Metropolitana desde principios de año.

 

La Ciudad ya controla el fuero contencioso administrativo (que atiende los casos en los que está involucrado el Estado) y el contravencional y de faltas. A este último ya se le habían sumado algunas competencias penales, en convenios firmados en 2004 y 2010. Pero se trata de delitos menores, como amenazas o usurpación, y no los temas más relevantes como robos o crímenes.

También serán transferidos el fuero de Defensa del Consumidor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.

El traspaso implica que la Ciudad empezará a tener a su cargo a todos los magistrados y empleados del fuero, aproximadamente 490 personas. Por eso, el convenio establece que la Nación le girará a la Ciudad los recursos económicos para hacerse cargo del gasto, tal como pasó con la Policía.

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El convenio establece que la Nación le girará a la Ciudad los recursos económicos para hacerse cargo del gasto, tal como pasó con la Policía.

Según el Gobierno porteño, el traspaso permitirá tener un control más cercano y agilizará el funcionamiento de los juzgados. "La transferencia importa una mejora superlativa en la calidad del servicio de justicia. En la Justicia local el promedio de duración de las causas no supera los 135 días, en tanto, en los tribunales nacionales ese plazo se extiende entre tres y cuatro años", afirmaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Aseguran que tanto los jueces y fiscales como los empleados no tendrán cambios en su situación laboral ni salarial.

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En la Justicia local el promedio de duración de las causas no supera los 135 días, en tanto, en los tribunales nacionales ese plazo se extiende entre tres y cuatro años", dicen en el Ministerio de Justicia de la Ciudad.

Pero muchos judiciales siguen estando en contra. La Asociación de Magistrados emitió ayer un comunicado en el que señaló "el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados, obedezca a razones políticas". Advertimos la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad". Además, la presidenta de la Asociación, María Lilia Díaz Cordero, aseguró: "La transferencia está en la agenda de los políticos pero no de la sociedad, que aspira a tener Justicia mejor. Hoy muchos expedientes se demoran debido al colapso de los tribunales penales, pero la transferencia no traería mejoras sino complicaciones adicionales".

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La Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que señaló "el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados, obedezca a razones políticas".

Lo cierto es que el traspaso está previsto por la Constitución nacional desde su reforma en 1996, pero nunca se avanzó, en parte por la resistencia de los judiciales pero también por el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el macrismo. La sintonía política de Macri y Larreta destrabó la cuestión.

El cambio de manos de la Justicia se sumará a otros temas donde ya hubo traspaso. El primero fue el del subte, concretado en 2013.

Ya con Macri en la Presidencia y Larreta en la Ciudad se concretó acaso el más importante de todos: la transferencia de parte de la Policía Federal, que se fusionó con la Metropolitana para formar la flamante Policía de la Ciudad.

​También está en marcha el traspaso del control sobre el juego. El Gobierno porteño ya le está cobrando impuestos a las tragamonedas del Hipódromo de Palermo y los barcos-casino de Puerto Madero, pero en breve tendrá también potestad sobre las agencias de lotería.

El tema pendiente más importante es el control del puerto de Buenos Aires. En el Ministerio de Gobierno porteño informaron que están trabajando con Nación. Fue una promesa de campaña de Rodríguez Larreta, y el propio Macri pedía el traspaso cuando era jefe de Gobierno.