Si firman, deberán renunciar a los reclamos administrativos

"La norma no tiene un carácter imperativo, sólo las empresas que lo consideren conveniente podrán suscribir los convenios respectivos de aplazamiento", explicó el legislador Roque Tobías Alvarez.
El titular de la bancada alperovichista aclaró que, si una constructora aceptara esas condiciones, inmediatamente debería renunciar a los reclamos administrativos o judiciales que pudiera haber iniciado para lograr el pago de los montos adeudados. "Eso debería incluirse en un anexo del proyecto", añadió. Como contrapartida, el proyecto en cuestión faculta al Poder Ejecutivo a eximir a las empresas de las penalidades por paralización de obras o por incumplimientos incurridos en los plazos establecidos. "Como hay un retraso evidente porque no llegan los fondos, lo único que se está haciendo es liberarlos de las multas y correr los plazos de ejecución", aseveró el oficialista.

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