La firma descarta más despidos, pero ratifica su decisión

Evaluará el fin de semana cuándo se retomará la actividad; un conflicto con peleas ideológicas
Poco antes de que comenzara el desalojo de la planta de Kraft en General Pacheco, ayer por la tarde, un directivo de la empresa, Pedro López Matheu, acompañado por asistentes, firmó un acta en el Ministerio de Trabajo. En ella se comprometió a mantener los puestos de trabajo "existentes" (eso excluye a los despedidos, que son el eje del conflicto) y a pagar los salarios que no habían sido abonados por falta de actividad en las líneas de producción durante los últimos días. El escrito también ratifica la "firme vocación" de la compañía de continuar en el país y manifiesta la voluntad de retomar "la actividad productiva normal" del establecimiento pasado mañana.

Por la noche, después de los hechos de violencia que se produjeron en la planta, la compañía informó que durante el fin de semana se realizará una "evaluación de los daños en las instalaciones", para poder definir cuándo se retomarían las tareas.

Desde los ministerios de Trabajo, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires, afirmaron que ayer hubo gestiones que pretendieron lograr una salida pacífica de los despedidos de la fábrica, con el compromiso -que garantizaría la secretaria de Trabajo, Noemí Rial- de que la semana que viene se revisarían los despidos "caso por caso". Según algunas fuentes, el titular de la comisión interna, Ramón Bogado, habría rechazado la propuesta.

Fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación -alejado políticamente de la comisión interna- señalaron que incluso Kraft había aceptado esa estrategia. Sin embargo, voceros de la empresa mantuvieron hasta última hora de ayer su versión de que no habrá negociación por las 160 personas cesanteadas con invocación de justa causa, luego de que en julio protagonizaran "hechos violentos que culminaron en el bloqueo a las instalaciones" y en la "privación de su libertad" a otros empleados. Como entre los despedidos había delegados gremiales, la empresa inició acciones judiciales para pedir desafueros.

Esas protestas se habían iniciado durante la epidemia de la gripe A, cuando un grupo de trabajadores pidió la suspensión de la actividad por 15 días para evitar contagios, lo que fue desestimado por la compañía.

Sin conciliación

El 18 de agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado por 15 días hábiles la conciliación obligatoria, que luego no prorrogó porque "no existían condiciones para la negociación", dado que la planta estaba tomada. En rigor, no existió siquiera un acuerdo respecto de si la conciliación se cumplía o no, porque Kraft había permitido el ingreso de los despedidos a la fábrica, pero derivándolos a una sala de capacitación, lo que fue cuestionado por la comisión interna. Se trata de dirigentes gremiales identificados fuertemente con la izquierda y enfrentados con la conducción del sindicato nacional, a cargo de Rodolfo Daer, que ayer por la mañana consideró que "cuando se ideologiza un conflicto se producen desbordes por inexperiencia".

La situación provocó hechos violentos en la fábrica. El Ministerio de Trabajo elaboró un expediente el 16 de este mes, cuando a un grupo de empleados no despedidos fue a denunciar que vivían una situación de "tensión y angustia" por ver sus tareas impedidas por un grupo de despedidos, de quienes dijeron haber recibido amenazas y agresiones. También las autoridades de la compañía recibieron notas en ese sentido.

Fuentes de la empresa y de la cartera laboral afirmaron que más de la mitad de los despedidos aceptó una indemnización y ya no buscan ser reincorporados, por lo que estarían en conflicto entre 50 y 70 trabajadores.

Además de Rial, en las gestiones estuvieron la subdirectora nacional de Relaciones del Trabajo, Silvia Squire, y otros funcionarios. El domingo último se había intentado sin éxito un acercamiento de las partes, en una reunión con miembros de la comisión de Pastoral Social de la Iglesia.

Con la colaboración de Luis Laugé

La CCC anuncia nuevas protestas

* La Corriente Clasista y Combativa (CCC) anunció anoche que realizará cortes de calles y de rutas en todo el país pasado mañana, para rechazar la represión a los trabajadores de la fábrica Terrabusi que ayer derivó en la detención de casi 70 personas. Se estima que habrá marchas en la Capital Federal, Rosario, Neuquén, Jujuy, La Plata, Entre Ríos y Corrientes. En un comunicado, la CCC denunció que no saben dónde están algunos de los trabajadores que fueron sacados de la empresa "en autos particulares". "No dejan entrar a abogados, diputados provinciales y familiares a la fábrica donde están los detenidos", dijeron.

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