Finanzas guarda en secreto los términos de una renegociación con Plumada

El ministerio de Finanzas a cargo de Carlos Parodi guarda en secreto los términos de una modificación del contrato de la provincia con Plumada aprobada por el gobernador Juan Carlos Romero en diciembre de 2007 diez días antes de concluir su gobierno.
La resolución que contiene las condiciones que aún estarían vigentes no fue publicada en el Boletín Oficial, y tampoco es revelada por el actual gobierno, pese pedidos por escrito.

Diez días antes de terminar su gestión, el entonces gobernador Romero, emitió el decreto 3489 en el que ratificó la resolución 686/7 que, sin embargo, no fue publicada por el Boletín Oficial.

En los considerados del decreto, sin embargo, se señala que por la resolución 686/7 "se aprueba la adenda al contrato original suscripta entre la Secretaría de Infraestructura Urbana y financiamiento internacional y la empresa Plumada S.A. con relación al contrato para la prestación de servicio de Archivo, Digitalización, Custodia y Logística de Documentos del Poder Ejecutivo Provincial".

También se menciona que "de común acuerdo las partes deciden prorrogar y modificar los términos del contrato original" entre Plumada y la Provincia de Salta, que se había aprobado el 1 de junio de 2006 mediante el decreto 1583.

Que una resolución -ratificada por un decreto- no sea publicada en el Boletín Oficial fue un procedimiento común durante el gobierno de Romero. Según se explica en el organismo encargado de dar publicidad a los actos de gobierno, el Ejecutivo enviaba para su publicación las resoluciones que se consideraban de "interés general".

La modificación del contrato con la empresa responsable de la guarda de archivos provinciales no fue considerada de "interés general" por el gobierno de Romero, un criterio que parece ser seguido por el ministerio de Finanzas.

El 5 de agosto pasado, y luego de que un periodista requiriera sin éxito en mesa de entrada una copia de la resolución, se ingresó una nota formal con número de expediente 93302.

Desde esa fecha, sin embargo, el pedido se encuentra en asesoría jurídica del Ministerio de Finanzas, donde empleados han respondido en distintas ocasiones que "el ministro se encuentra en un curso", o "vuelva la semana que viene". Ayer, una empleada informó que "tenemos que buscar la resolución en el archivo", sin aclarar si se trata del archivo del mismo Ministerio, o de los galpones de Plumada a donde es enviada la documentación provincial.

El contrato de 2006 por el que la provincia otorgó a Plumada S. A. la guarda de los archivos de la Provincia no estipula claramente una duración y establece, entre otras disposiciones, que si la empresa pierde una caja con documentación sólo se responsabilizará "exclusivamente y hasta el límite máximo del valor kilo papel, excluyendo otro valor que pudiera tener, más un monto equivalente al valor de 1 año de guarda de una caja" (unos treinta pesos).

Un año en la Auditoría

El 3489, sin embargo, no fue el único decreto sobre Plumada que el gobierno de Romero promulgó antes de su partida. Con la misma fecha, pero con la firma del senador Mashur Lapad a cargo del Ejecutivo, el decreto 3559 dispuso ratificar una resolución -la 5663- del Ministerio de Educación. El decreto fue publicado en el boletín del 13 de diciembre de 2007, pero el gobierno tampoco publicó la resolución.

Mediante esos instrumentos el gobierno encomendó a Plumada S. A un servicio de Digitalización del patrimonio bibliográfico y documental que se encuentra en el Complejo de Bibliotecas y Archivo de la Provincia.

Por esos servicios, una semana antes de entregar el Ejecutivo, Romero pagó a Plumada un adelanto de más de tres millones El año pasado, el entonces director de la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) , Emilio Rodríguez Tuñón, recomendó la anulación de esa operatoria por "violatoria de normativas de contratación de la provincia", según declaró a Nuevo Diario, aunque luego su informe nunca se oficializó ni el gobierno dio a conocer qué pasos siguió respecto de esos adelantos.

A pedido de la diputada Virginia Cornejo la Auditoría General de la Provincia investiga desde noviembre del año pasado la operatoria, aunque se desconoce si ha incorporado en su investigación los términos de la modificación del contrato marco con Plumada dispuesta por Romero en los últimos días de su gestión.

Comentá la nota