Financiarán a Gamsur con una ordenanza provisoria

Es el mecanismo que el gobierno acordó con la oposición. El canon pasará a 1.800.000 pesos durante 3 meses y para 2010 se firmará un nuevo contrato.
En los próximos 15 días deberá estar lista la ordenanza que evitará que Gamsur se quede sin financiamiento. Así lo acordaron ayer el intendente Juan Jure y el justicialismo, que buscan generar una solución provisoria ante el hecho de que la empresa mixta perdió parte de los fondos mensuales que venía consumiendo cuando el Tribunal de Cuentas le notificó que se agotaron los 5 millones que estaban disponibles en concepto de mayores costos.

Si no hay una solución urgente, la empresa corre riesgo. Hasta ahora, ha podido funcionar porque el órgano de control autorizó pagos parciales a cuenta de los mayores costos de 2008. Ahora que la partida se agotó, Gamsur cobrará sólo 1.200.000 pesos por mes, una cifra que ni siquiera le alcanza para cubrir la partida de sueldos.

Ayer, en la reunión que mantuvieron el intendente y el secretario de Economía, Guillermo Mana, con el bloque del PJ, se acordó que, para salir de la emergencia, se diseñará una ordenanza que tendrá efecto por lo que queda de 2009 y que llevará el canon del 1.200.000 pesos que se fijó en 2005 y nunca se alteró al 1.800.000 pesos que necesita actualmente la empresa para funcionar.

En realidad, el financiamiento de la nueva ordenanza se usará solamente durante el último trimestre del año. Porque la intención del gobierno es trabajar de aquí a fin de año en un nuevo contrato que actualice definitivamente el canon de los servicios de higiene urbana y alumbrado público

Desde 2005 hasta ahora, el sistema de pago a Gamsur se ha mantenido inalterable: el canon mensual es de 1.200.000 pesos a pesar de la inflación acumulada en los últimos cuatro años. La empresa podía operar por los pagos anuales de los mayores costos, que surgían de una fórmula de actualización.

Esa fórmula terminó generando una polémica y una causa judicial porque, para 2008, los empresarios pasaron un cálculo de 12,6 millones de pesos mientras que la Municipalidad sólo reconoció 7,5 millones. Por su parte, después de una auditoría de tres meses, el Tribunal de Cuentas determinó que la cifra no podía exceder los 5 millones de pesos.

La idea del gobierno de Jure es cambiar el esquema. Primero, se actualizará el canon y se lo llevará al 1.800.000 pesos que Economía fijó como tope. Pero, además, se incluirá una cláusula de actualización permanente. Aún no hay acuerdo sobre si esa revisión de los precios será anual o cada cuatro meses.

Pero el tiempo apremia. La definición de la ordenanza deberá darse en las próximas dos semanas. Sólo así existirá un instrumento legal para pagarle a Gamsur una cifra adecuada a sus costos.

Arranca la indagatoria a los imputados

El próximo martes, el fiscal Walter Guzmán comenzará a tomarles indagatoria a los tres imputados por la causa en la que se investiga si Gamsur estafó al Estado municipal, con las facturas de mayores costos que le pasó durante los últimos años.

Por ahora, las imputaciones alcanzan al año 2008. Hasta ahí llegó Julio Rivero, el fiscal sobre el que recayó originalmente la denuncia de los concejales Eduardo Scoppa y Enrique Novo.

Como Rivero debió apartarse porque uno de los imputados nombró a su cuñado, Julio Alonso, como abogado defensor, la causa recayó en el fiscal Walter Guzmán.

Ayer, el nuevo encargado de la causa definió comenzar con las indagatorias el martes.

En principio, terminarían el jueves.

Los imputados son Juan Carlos Masoero y Alcides Capello, dos conocidos empresarios que fueron los directores privados de Gamsur hasta que la empresa pasó casi enteramente a manos del Municipio.

Capello y Masoero están imputados por defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa porque, a juicio del fiscal Rivero, la empresa sobredimensionó intencionalmente los números para beneficiar a sus socios privados y perjudicar al Estado municipal.

El otro imputado es Martín Abasolo, que fue nombrado presidente de la mixta por el gobierno de Juan Jure. Sin embargo, su situación es distinta porque está imputado en grado de sospecha leve, una modalidad que está contemplada en el párrafo final del artículo 306 del Código Penal.

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