Las astillas de su propio palo se le han clavado bastante hondo a Ramón Mestre apenas quiso apurar la nueva licitación del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba.

A los opositores no les dieron tiempo para exponer sus objeciones, porque fueron integrantes del propio oficialismo los que salieron a cuestionar este intento por darle un marco legal a un servicio que es cada vez más costoso y no necesariamente mejor.

Juan Negri arrancó con las críticas por el apuro del intendente y la falta de precisiones, pero la que fue al hueso fue la exfuncionaria e integrante de la coalición oficialista capitalina Laura Sesma, quien insinúo acuerdos con lo que ella denominó “la mafia” del Surrbac (el gremio de los recolectores) y pidió mayores controles para empresas “sospechadas de aportar para la campaña”.

Ahí el tema entra en otro plano. Ya no discutimos si se avanza poco o mucho con la recolección por contenedores en vez de domicilio por domicilio, si se separan o no los húmedos de los secos, si las concesionarias sacan las podas o limpian el Suquía. Entramos en la médula del financiamiento de la política, donde es más que habitual que los que ponen un poco para promocionar a un candidato terminan sacando mucho con el auspiciado en el poder.

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Basura: nuevos pliegos con pocos cambios

La ciudad de Córdoba está a la retaguardia en cada vez más cosas y su funcionamiento institucional es una de ellas. Las exigencias relacionadas con los aportes de campaña son mucho más laxas que las nacionales, y las rendiciones no están disponibles en la Web para la consulta de cualquier ciudadano.

Las empresas contratistas del Estado municipal tienen expresamente vedadas aportar fondos para las campañas, pero una de las integrantes de la coalición gobernante y funcionaria en todo el primer mandato sostiene que hay sospechas que aportaron.

Tal vez no lo hicieron, en este caso, como Lusa y Cotreco, pero sí a través de sus generosos directivos o propietarios, siempre tan interesados en aportar a la difusión de propuestas de los que aspiran a llegar al sillón principal del Palacio 6 de Julio como en conseguir la prestación de los servicios concesionados.

Las últimas campañas a intendente han implicado erogaciones casi como las de una elección provincial, sin información oficial ni de las agrupaciones de los montos erogados.

En la última campaña, desde los comandos de los principales postulantes, Mestre y Tomás Méndez, cruzaron acusaciones respecto al origen del financiamiento de sendas campañas. Ambos prometieron prolijos y detallados informes después de la elección, que nunca llegaron, aunque sí fueron presentados 
en la Junta Electoral Municipal y siguen sin estar colgados a la Web.

Desde la UCR negaron de manera enfática que Lusa, Cotreco o personas vinculadas a esas empresas hayan aportado en esa campaña.

Pacto vigente

En medio del ruido interno con propios y aliados, Mestre ha tenido en los últimos tiempos reuniones con opositores para analizar no sólo la gobernabilidad de la ciudad, sino también escenarios políticos a futuro, en función del inestable panorama que plantean las diferencias en Cambiemos y la inestable relación de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota en cómo posicionarse ante el gobierno de Mauricio Macri.

La supuesta baja intensidad que podía llegar a tener la campaña cordobesa para la elección de este año de legisladores nacionales sigue en duda.

Mientras tanto, escenas del pacto macro que une al peronismo con el radicalismo siguen quedando expuestas en el verano cordobés.

Esta semana, los cordobeses se dieron con una profusa publicidad festivalera del radical que debería ejercer la Defensoría del Pueblo y que no hace otra cosa que proteger a sus adherentes y al Gobierno provincial de Unión por Córdoba.

Mario Decara, fiel exponente de ese acuerdo de reparto de poder en Córdoba entre sus dos fuerzas mayoritarias a cambio de no molestarse, inundó de avisos que promocionaban cantantes cuyo principal antecedente es integrar la Defensoría, mucho más propensa a tomar empleados que en incomodar al Gobierno provincial.