A diferencia del financiamiento nacional y el de la provincia de Buenos Aires, el oficialismo porteño decidió que no recaudará aportes de empresas y que la rendición de cuentas que presentarán a la Justicia solo consignará contribuciones de personas físicas.

Así lo confirmaron a este medio dirigentes del PRO y de la Coalición Cívica que siguen de cerca los pormenores del sistema de recaudación de la campaña de la Ciudad, cuyo máximo objetivo pasa por la reelección del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

La decisión de prescindir en los balances de los aportes empresarios obedece a dos motivos.

En los papeles, la ciudad de Buenos Aires, que el año pasado aprobó el nuevo Código Electoral que introdujo, entre otras modificaciones, la posibilidad de unificar la fecha de elecciones local con la nacional, no adhirió a la ley de financiamiento de los partidos políticos sancionada a fines del verano por el Parlamento, que volvió a permitir los aportes de empresas a las campañas, prohibidos a fines del 2009.

Durante la discusión en la Legislatura por el nuevo código, el macrismo tuvo que dejar fuera del debate el capítulo dedicado al financiamiento por las trabas de la oposición, y por las idas y vueltas del último semestre del año pasado en el Congreso nacional. Después de eso, el PRO evaluó algunos proyectos locales vinculados al rubro, pero no prosperaron.

Diego Santilli, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta

De todos modos, el macrismo de la ciudad de Buenos Aires podría recaudar fondos de empresas para las candidaturas de diputados y senadores que son regidas por la ley nacional. Pero definieron aunar los criterios.

El principal argumento, de todos modos, pasa por la injerencia de la Coalición Cívica, que se opuso en el Congreso a la vuelta de las donaciones de personas jurídicas que al final fue aprobada tras un acuerdo entre el Gobierno y la oposición.

La decisión, según pudo saber este medio, surgió tras una reunión entre el ministro Eduardo Macchiavelli -jefe de campaña porteño-, la diputada Carmen Polledo -de buenos vínculos con el mundo empresario- y Maximiliano Ferraro, el presidente de la CC que encabeza la lista de diputados nacionales de la Ciudad.

En el 2017, el oficialismo porteño declaró gastos de campaña por algo más de $17 millones, y la mayoría de los aportes fueron en efectivo. La idea del macrismo en la Ciudad es ahora aceptar solo donaciones bancarizadas, cómo obliga la ley nacional.

En esa campaña, la CC monitoreó los aportes a través de Romina Braga, una de las especialistas en el rubro del partido. La lista de diputados fue encabezada por Elisa Carrió. No hubo contribuciones de personas jurídicas, todavía vedadas en aquel momento por la ley. Pero sí aportaron gerentes y CEOs de importantes compañías. En anteriores campañas, de hecho, hay denuncias por donaciones de personas físicas vinculadas a firmas contratistas del Estado.

En el caso de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, los responsables de la recaudación ya salieron a sondear empresarios para solventar las campañas tras la sanción de la ley, en abril pasado.

En territorio bonaerense no hay normativa vinculada al financiamiento. Un vacío legal para los cargos provinciales.

La investigación judicial en torno a los aportes irregulares de la campaña del 2017 estuvo centrada en la campaña para diputados y senadores nacionales, pero alcanzó, de todos modos, al entorno de la gobernadora bonaerense.

Más allá de los controles y de la legislación vigente, la discusión aún se circunscribe a las rendiciones y balances de los partidos. Hay un flujo relevante de fondos que, más allá del avance legislativo, seguirá opaco.