Finalmente el Ejecutivo decidió dar marcha atrás y no cobrará un tributo extra por la ejecución de obra pública.

Se trata de uno de los puntos más polémicos de la ordenanza fiscal y tarifaria que este jueves 24 tratará el Concejo Deliberante en Asamblea con Mayores Contribuyentes, cuya eliminación había sido pedida por sectores de la oposición.

El denominado “Tributo por Contribución de Mejoras” prevé tres casos en donde la Comuna puede avanzar en el cobro sobre un inmueble: el cambio de destino o de indicadores urbanísticos, por ejemplo si pasa de rural a residencial, era uno de ellos.

El segundo aspecto prevé que se ejecute el gravamen para los casos de desarrollos inmobiliarios, empresariales o industriales. Estos dos primeros no recibieron, en general, grandes rechazos por parte de la oposición.

Pero sí el tercero, el inciso “C” del artículo 211,  ítem que indicaba que serán alcanzados también los contribuyentes residenciales en el caso de “la ejecución de obras de infraestructura vial, de transporte, de servicios públicos o de iluminación de la vía pública, en el espacio público municipal”.

Para el cobro, se preveía tomar en cuenta el costo total de las obras, que se dividirían entre los frentistas alcanzados, y se pautaba un plazo de cobro de entre 24 y 120 meses, junto con la tasa de la ex ABL.

La idea fue rechazada por bancadas como la del Frente Pilarense, que integran Santiago Laurent y Federico de Achával, la del Frente Renovador, presidida por Adrián Maciel, y del PJ, cuyo titular es Juan Pablo Roldán.

“Hemos decidido eliminar todo el inciso ‘C’. No era nuestra intención ir a cobrar la obra chica o mediana, sino la grande que incide en el valor de una propiedad, pero distintos sectores de la oposición entendían que dejaba abierta la posibilidad a que se cobre toda la obra que se ejecute, por lo que no estará el inciso ‘C’”, señaló a Pilar de Todos el Subsecretario de Ingresos Municipales, Juan Carlos Mairano.

Más cambios

Otro aspecto que se modificará en el texto antes de llevarlo al recinto, aunque a medias, es la cláusula gatillo. Artículo que le da facultades al intendente Nicolás Ducoté de aplicar una suba extra del 10% en todas las Tasas, si trepan un 25% los precios de combustible, construcción, o sueldos básicos municipales, pero fue quitada la ex ABL.

“No se va a aplicar la cláusula gatillo en el caso de la Tasa de Mantenimiento de la Vía Pública y Servicios Generales. Consideramos que para el resto de las tasas hay que mantenerla, porque ante una posible suba de la inflación, no podemos desfinanciar al Municipio; enviar una nueva suba de tasas al Concejo demandaría dos meses de tramitaciones, lo que generaría un rojo importante”, añadió Mairano.

El cambio aceptado en este caso es un punto intermedio entre lo que proponía originalmente el Ejecutivo y lo que pretendía, por ejemplo, el massista Adrián Maciel.

La postura de Maciel era, y sigue siendo, la de eliminar por completo esa cláusula, ya que “implica delegación de facultades del Concejo en manos del Ejecutivo”.

Otro pedido de la oposición era que se establezca un valor fijo de la Unidad Arancelaria del m2 construido del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, ya que se pretendía aplicar la de marzo del año que viene, lo que podría empujar la suba cerca del 40% en comparación con las primeras boletas de este año.

En este caso, Hacienda también buscó una salida intermedia. Se fijará la Unidad de octubre de este año, pero no para todos los contribuyentes.

“El valor del metro cuadrado que establece el Colegio de Arquitectos quedó fijo a octubre de este año para todos los contribuyentes que abonen menos de 250 pesos por mes de la Tasa de Mantenimiento de la Vía Pública y Servicios Generales, lo que representa el 50% de los vecinos. El aumento que esos frentistas van a recibir va a ser del 20% (en comparación con la última boleta de este año)”, agregó el funcionario.

Al resto, es decir los que paguen más de 250 pesos por mes de la ex ABL, sí se les aplicará un nuevo reajuste en marzo de 2017, cuando el Colegio de Arquitectos actualiza el valor del m2 construido, un monto que aún se desconoce pero que podría oscilar entre un 9% y 11% más.

Otro aspecto que se modificó es subir los mínimos de facturación en un 25%, en donde se determina la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene. Es por el efecto de la inflación, varios comercios iban a pasar a pagar un 6 por mil (contra un 5 por mil actual), y de hecho el cambio había sido solicitado por la Cámara de Comercio de Pilar.

Si bien se aceptaron modificar más de 30 cambios sobre 40 solicitados, los que más inciden, como la eliminación de la cláusula gatillo o que la Unidad Arancelaria del Colegio de Arquitectos quede fija a la de octubre de este año para todos, no se lograron alcanzar en un 100%, lo que aún quedan dudas respecto a lo que sucederá en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

El sector más duro parece ser el Frente Renovador, y otras bancadas opositoras, desde donde señalan que de todos modos “la suba general con una pauta inflacionaria del 17% para el año que viene está muy por encima de ese valor”.

De todos modos, el oficialismo confía en poder reunir las manos necesarias para aprobar la tarifaria y fiscal, que comenzará a regir desde el 1ro de enero del año que viene.