FINALMENTE, UN BUEN DÍA, RÍOS TOMÓ UNA DECISIÓN QUE NO ES DEMAGÓGICA.

La gobernadora Fabiana Ríos dictó el Decreto Nro. 737/09 declarando la Emergencia Administrativa en el Estado provincial. La medida resuelta el pasado sábado 25, autoriza al Ministerio de Gobierno a elaborar un plan de acción para regularizar los circuitos administrativos y garantizar el despacho de los servicios y tramitaciones públicas urgentes e indispensables.
El Decreto tendrá vigencia "hasta tanto se restablezcan los circuitos y tramitaciones administrativas en su normal funcionamiento o, en su defecto, hasta tanto cesen las medidas de fuerza adoptadas por los sindicatos con ámbito de actuación ante el sector público".

De esta forma, "se autoriza al Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia -y por su intermedio a las autoridades que se indiquen- a la elaboración de un plan de acción para la regularización de los circuitos administrativos y para coordinar y efectuar relevamientos de datos, información y documentación pública que se estime necesaria para el cumplimiento de los objetivos trazados por dicha emergencia".

Establece que desde el Ejecutivo se coordinará "una evaluación integral del funcionamiento de las dependencias y jurisdicciones de la administración central, con el objeto de establecer los procedimientos y criterios técnicos y administrativos –bajo los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia- que resulten idóneos y adecuados y que garanticen el despacho de los servicios y tramitaciones públicas urgentes e indispensables que se encuentren pendientes y las que se requieran mientras esté vigente la presente norma".

"Las autoridades gubernamentales que sean requeridas, deberán prestar la máxima colaboración que esté a su alcance" ordena la normativa, puntualizando que "durante el plazo de la presente emergencia, las autoridades de cada ministerio deberán dar prioridad en las tramitaciones administrativas y a garantizar el funcionamiento de actividades vitales y esenciales del Estado Provincial".

En este sentido, el Gobierno estableció como funciones prioritarias a prestar "el servicio de comedores escolares, el pago de pensiones y subsidios, la transferencia y distribución de coparticipación a los municipios y demás poderes y organismos de la provincia", nómina que podría ser ampliada por acuerdo general de los ministros.

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