Al final suspendieron a la edil

La concejal opositora Patricia Miño fue suspendida por cobrar una pensión por invalidez otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mientras cobraba su dieta como edil.

La concejal opositora Patricia Miño fue suspendida por cobrar una pensión por invalidez otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mientras cobraba su dieta como edil.

Así se resolvió en una sesión especial de Concejo que se llevó a cabo el viernes 24 con la presencia de sólo trece concejales, en la que se cometieron serias irregularidades, según expresaron desde la oposición.

De acuerdo a los concejales opositores que formaban parte de la comisión ad hoc que se formó para investigar el caso, al menos faltó que se realizase previamente una sesión especial a la ya mencionada, donde la falta cometida por Miño debía ser calificada como «grave» por ese cuerpo. Aunque fue convocada una semana antes, la misma fracasó por falta de quórum.

Tal cual expresa el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), dicha comisión «deberá elevar al Concejo su informe (…), para que en sesión especial califique la transgresión. Para disponer la suspensión preventiva, deberá calificarse la transgresión de ‘grave’ mediante dos tercios de votos del total de los miembros del Concejo, interpretándose por tal aquellos hechos, actos u omisiones que (...) lesionen los intereses del Municipio».

Esta es la sesión que, semanas atrás, se vio frustrada por la ausencia de siete de los concejales opositores, con lo cual no se alcanzó el quórum de dos tercios ó 14 ediles necesarios para poder sesionar. Es decir: nunca la transgresión tuvo la calificación de «grave», como lo exige la Ley, para luego proceder a la suspensión de Miño. Sin embargo, el viernes 24 el cuerpo sesionó con 13 ediles presentes –12 acuñistas más Mario Abraham, elegido por la misma lista que Miño– y procedió a la suspensión.

De acuerdo a la interpretación del oficialismo, esa era la mayoría de dos tercios necesaria para tal acto administrativo. En efecto, el artículo 255 de la LOM dispone que la destitución o suspensión de un concejal «será dispuesta mediante dos tercios computados con relación a los miembros capacitados para votar», teniendo presente que «los imputados no tendrán voto». Tomando como parámetros a los concejales «capacitados para votar», el quórum de dos tercios se reduce a los 13 ediles que el viernes estuvieron presentes en la sala deliberativa.

Nulidad

Los legisladores Jorge Tassara (CC), José Palacios (FPV barrionuevista) y Marcelo Suárez Nelson (PIV), en representación de la oposición, indicaron a este semanario que antes de dicha sesión, debió llevarse a cabo aquella en la que debía calificarse la transgresión como «grave» y para la cual era necesaria una mayoría de 14 concejales presentes.

Por tal razón, el lunes pasado enviaron a la presidencia del cuerpo una carta documento en la que reclaman la «nulidad» de la sesión especial y, consecuentemente, del acto que surgió de ella: la suspensión de Miño, poniendo de manifiesto esa y otras irregularidades surgidas del proceso que desembocó en la medida disciplinaria.

Otros de los requisitos legales que, según los bloques opositores, no fueron cumplidos para la convocatoria y desarrollo de la mencionada sesión especial, refieren a la citación formal de la propia Miño y al conjunto de concejales a través de telegrama colasionado y su publicación en al menos un medio de comunicación local, entre otros requisitos indispensables establecidos en el artículo 250 de la LOM.

Por lo pronto, lo que se espera es que el próximo lunes 3 de noviembre, cuando se desarrolle la sesión extraordinaria en la que se tratará la municipalización de la sala de primeros auxilios Finochietto, perteneciente hasta ahora a la sociedad de fomento homónima, en la banca que pertenecía a Patricia Miño se siente Raúl Zurita, tercero en la lista que el año pasado encabezó Fernando Arnedo.

Por otro lado, Miño aseguró que recurrirá a la Justicia para ser restituida en el cargo; lo mismo harán algunos concejales de la oposición, como Tassara y Palacios, quien aseguró a El diario que «finalmente será la Corte Suprema bonaerense la que decidirá sobre este tema».

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