Al filo del conflicto de poderes

Por: Joaquín Morales Solá.

Rechazan los límites. Ese es el actual y más grave problema de los Kirchner y de la nación política, porque la Constitución establece barreras muy claras para cualquier poder del Estado.

El consecuente choque entre la voluntad personal y el espíritu del sistema está llevando la relación del matrimonio presidencial con los otros poderes del Estado a un nivel de conflicto casi sin posibilidad de retorno.Es probable que haya nuevos y más graves episodios entre el Gobierno y los jueces, posibilidad que la Corte Suprema de Justicia no descarta y, más aún, hasta la insinúa públicamente. En otro lado, Néstor Kirchner ordenó desconocer los embrionarios acuerdos para integrar la conducción y las comisiones del Senado; antes rompió los compromisos en la Cámara de Diputados que se habían alcanzado para aprobar su reforma electoral. ¿A qué distancia exacta está el sistema de una colisión entre el Poder Ejecutivo y los otros dos poderes, el Judicial y el Legislativo? A muy poca.

La conversión de Aníbal Fernández en tribunal de alzada de cualquier instancia judicial es emblemática de algunas cosas. El jefe de Gabinete no es un iletrado ni carece de sensibilidad política. ¿Por qué aceptó campante, entonces, derrumbar el principio constitucional de la división de poderes? ¿Qué lo llevó a negarle a un juez, Alejandro Sudera, el auxilio de la Policía Federal en la resolución de un conflicto menor? ¿Qué hace que la orden de una pareja derrotada sea inapelable e irrebatible? El temor al despido. Nada más.

No hay otras explicaciones más racionales para la actitud del jefe de Gabinete. Si fuera cierto que él temió un "baño de sangre", como Fernández explicó mucho después, lo correcto hubiera sido que le hiciera llegar al juez su punto de vista antes de que éste se presentara sin custodia en un sindicato en conflicto. Punto de vista que nunca debió condicionar el cumplimiento de una orden judicial por parte de la policía. La Justicia deja de existir de hecho y en el acto cuando no cuenta con la policía. Cualquier manual jurídico señala que la resolución de un juez debe tener la efectividad y el cumplimiento de una ley.

Las rabietas públicas de los jueces Carmen Argibay y Carlos Fayt por los estragos de Aníbal Fernández no son sólo expresiones aisladas. El máximo tribunal de justicia del país suele resolver, en un 80 por ciento de los casos, por consenso y unanimidad. Los magistrados de la Corte han hablado mucho entre ellos en los últimos días. Argibay y Fayt trasladaron a la opinión pública una molestia cada vez mayor del tribunal con un gobierno decidido a descalificar cada decisión adversa de la Justicia.

El juez Sudera fue sólo el primero en la saga de los últimos días. Luego le siguió el juez en lo civil y comercial Eduardo Carbone, que suspendió por inconstitucional la aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales. Aníbal Fernández, otra vez, y el ministro de Justicia, Julio Alak, señalaron que el juez tiene presentada una renuncia que se aplicará desde el 31 de diciembre. En este crucial caso para los planes del kirchnerismo, la propia Cristina Kirchner salió a denunciar, sin pruebas, que Carbone actuó presionado.

Todo juez está en plenitud de sus facultades hasta el momento en que abandona el cargo, no importa cuándo lo hará. La inconstitucionalidad de esa ley estuvo, además, en los discursos de la oposición y en los análisis de casi todos los juristas respetados del país. Otros pronunciamientos de jueces en ese sentido son inminentes.

Mátenlo, fue la orden que Néstor Kirchner les dio a sus voceros cuando se enteró de la decisión de Carbone, la peor que esperaba y que espera. Es una metáfora, desde ya, que refiere a la destrucción pública del adversario en los medios de comunicación, pero es una metáfora desgraciada en boca de cualquier gobernante de una democracia.

La Corte Suprema tiene un caso (o varios casos) inédito en la historia del país. Refiere a los litigios de las provincias con la Nación por temas que aluden a la coparticipación de los recursos del Estado. Seis provincias han hecho planteos ante el tribunal; dos de ellas son enormes distritos, Córdoba y Santa Fe. Las otras cuatro son San Luis, Corrientes, Catamarca y La Pampa. Nunca antes la cuestión federal había llegado con tanta fuerza a la Justicia; siempre esas cosas se resolvieron, aun en medio de tensiones y disensos, en territorios de la política.

El gobierno de los dos Kirchner es el que más arbitrariamente manejó los recursos federales y el que menos distribuyó en los últimos 50 años. ¿Cumplirá el matrimonio presidencial una orden de la Corte para ampliar y equilibrar el reparto de esos recursos? Vale la pena retener un ejemplo: hace 15 años que la Corte Suprema le ordenó al gobierno de Santa Cruz, en manos kirchneristas, que repusiera en el cargo al jefe de los fiscales provinciales. Nunca cumplió.

Varios miembros de la Corte presienten un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los máximos jueces del país, sobre todo porque la constitucionalidad de muchas decisiones recientes (la ley de medios es sólo una) llegará irremediablemente al tribunal. Todo estaba previsto, menos que el Gobierno no aceptara que existen límites y una realidad política distinta y adversa, deslizó uno de los jueces de la Corte.

El Senado podría convertirse en los próximos días en otra realidad adversa. La oposición consiguió las firmas de 35 senadores para presentarse el martes ante la Corte Suprema de Justicia en apoyo de las seis provincias. Está a sólo dos senadores de alcanzar la mayoría. La alcanzará en el caso de la Corte, porque los dos senadores pampeanos (incluido el ex gobernador Carlos Verna) harán una presentación propia, pero coincidente, ante el tribunal. Ellos sumarán 37 firmas, el número mágico de la mayoría en el Senado.

Pichetto no es mi vocero, bramó Verna ante el vicepresidente Julio Cobos, aludiendo al jefe del bloque kirchnerista, cuando no fue convocado a consulta sobre la futura integración de las comisiones. Verna es ahora quien desempatará en el Senado, justo cuando Kirchner ordenó que sus senadores intenten quedarse con todas las comisiones estratégicas de control, que en principio debían estar en manos de la oposición. Kirchner rompió así otro acuerdo.

¿Qué hará el crucial Verna? Votará muchas veces a favor del Gobierno, pero les producirá mucho dolor a los Kirchner cuando su voto sea en contra, aseguró un senador opositor. Verna está dispuesto, anunció, a acompañar a la oposición en la reforma del Consejo de la Magistratura, que podría dejar al Gobierno sin el control de los jueces de primera instancia.

La actual Corte es la mejor y la más independiente de los últimos 20 años, lo tranquilizó Cobos al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de Washington, Arturo Valenzuela, en el encuentro que tuvieron. Mátenlo, fue otra vez la orden que dio Kirchner a los ministros cuando leyó que Valenzuela trasmitió las inseguridades jurídicas que había escuchado de empresarios norteamericanos en Buenos Aires. Ayer se sumó el propio ex presidente a las inexplicables diatribas contra Valenzuela. La inestabilidad jurídica es cada vez más comprobable en la Argentina (con Valenzuela o sin él). Kirchner avanzó así, decididamente, hacia un mayor grado de tensión entre el gobierno de su esposa y la administración de Obama.

Un caso emblemático expuesto aquí ante Valenzuela fue la suspensión por 60 días de la fusión de CableVisión con Multicanal, dispuesta por Guillermo Moreno sin más razones que sus propios antojos (o los de su jefe). La decisión de Moreno fue rápidamente revocada por la Justicia. Inversores norteamericanos son dueños de una parte significativa del paquete accionario de ambas empresas. Otro caso fue el de una importante empresa de informática y computación, que le habría adelantado a Valenzuela que podría irse de la Argentina.

Aquel mátenlo explica muchas cosas. Una de ellas es que los ministros se hayan amontonado ante los micrófonos para criticar a Valenzuela y a los jueces argentinos. Explica también que una eventual colisión de poderes y una probablemente fría y distante relación con el Washington de Obama formen parte de una profecía maldita, condenada a cumplirse porque nadie está dispuesto a impedirla.

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