UNA POSICIÓN QUE GENERA EXPECTATIVA. César Sotelo, fiscal general, deberá fijar posición como titular del Ministerio Público. Más allá que la misma no es vinculante, se aguarda con notoria expectativa los términos de la acusación de parte de quien se ocupó de dejar en claro en su ida a Paso de los Libres absoluta imparcialidad para el análisis de un caso que conmueve a la sociedad libreña y que ayer volvió a ser la comidilla del mundo tribunalicio, político y mediático. Si la funcionaria no fuera removida, hay decisión de que no se la dejará reasumir en el cargo.

El juicio político contra la fiscal de Instrucción de Paso de los Libres, Roxana Romero, parece transitar por un rápido trámite. En efecto, todo indica que hoy se fijaría la fecha para los alegatos, luego de lo cual ya vendría la sentencia.

La postura de voceros del gremio de trabajadores judiciales, como el del propio secretario general Telmo Fernández, "molestó muchísimo" a representantes del alto cuerpo judicial, principalmente en la Fiscalía General aunque desde el Sitraj se redobló la apuesta dejando en claro que no tolerarán un accionar corporativo que cubra lo que consideran tropelías de la funcionaria llevada al banquillo. En esto no está sólo el Sitraj sino que el secretariado general del gremio judicial de la Nación prestó apoyo y logística a las multitudinarias marchas que se hicieron en Corrientes, uno de cuyos reclamos apuntaba de lleno a la demora en el juzgamiento de la fiscal Romero.

Fernández había opinado que "sin poner en dudas la idoneidad y responsabilidad de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, el grado de acercamiento y amistad que hay entre los que tienen que acusar y los que tienen que juzgar nos preocupa mucho. Son conocidos, son amigos, son colegas, es decir será juzgada por un conjunto de pares".

"¿Cómo van a desconfiar de nosotros?", se escuchó cerca del fiscal general César Sotelo. "El Fiscal no debe enojarse; pero en Corrientes como el fiscal general es también defensor general y asesor general, a veces uno desconfía en que se puedan confundir los roles", explicó Fernández a este diario.

El Jury se ha venido desarrollando con normalidad en sus dos jornadas. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento, en uso de sus facultades, decidió ayer acortar la lista de testigos en una clara evidencia de que está todo dicho o para ser más claro hay convicción que con lo escuchado hay elementos de sobra para la decisión que no pareciera ser otra que la destitución de la funcionaria acusada.

De tal manera se dejaron sin efecto entre tres o cuatro testimonios, por considerarlos innecesarios. Es previsible, en este contexto, que la reunión de hoy en horario matutino sea simplemente a los efectos de fijar la fecha para los alegatos.

En esa oportunidad, que sería el próximo lunes, deberán exponer, sucesivamente, la Defensa y la Fiscalía, cada una de ellas fijando su criterio.

En el caso de la Fiscalía General, la posición que adopte César Sotelo, aunque no vinculante, podría dar una pista clara de la postura del Fiscal para con una de sus subordinadas que quedó en medio de una tormenta de acusaciones que excedieron en mucho a la de los agentes de la propia Fiscalía, lo cual tuvo en claro el propio Sotelo cuando concurrió durante dos jornadas al lugar de los hechos donde palpó el grado de malestar existente.

Luego de lo cual el tribunal pasará a deliberar para dictar la sentencia definitiva, lo cual ocurría el próximo martes.

Lo único que podría alterar el hilo de los acontecimientos es que la propia acusada, esto es, la doctora Roxana Romero, decida hacer uso de la palabra.

Como se sabe, en su momento ella se negó a declarar, apelando a su derecho constitucional de no hacerlo y sin que ello implique presunción en su contra.

TRES

TESTIMONIOS

Ayer a la mañana prestaron declaración el doctor Ramón González, secretario de la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores N° 1 de Paso de los Libres; Luis Norberto Dechat, quien cumple funciones de chofer en esa dependencia judicial y la doctora Nancy Corvalán, secretaria relatora de la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores N° 2 de esa ciudad.

La Fiscalía General desistió del testimonio de Gustavo Ledesma y sobre el mediodía declaraba Laura Lorena Moreyra, administrativa de la Defensoría de Pobres.

Se esperaban nuevos testigos para la tarde durante el juicio político que se le sigue a la suspendida fiscal de Instrucción, doctora Roxana Beatriz Romero. Sin embargo, la sesión vespertina fue suspendida y trasladada para hoy a la mañana, de acuerdo a lo informado a EL LIBERTADOR por fuentes judiciales.

Importa señalar que este medio en la persona de Luis Alarcón no pudo participar del debate en orden a cuestiones protocolares no adecuadamente explicadas, y que de hecho no contribuyen a la necesaria publicidad que requiere esta clase de actos trascendentes para la vida institucional de la Provincia.

El jurado de Enjuiciamiento está presidido por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Chaín, e integrado por Jorge Eduardo Buompadre, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Unne; Marcelo Acuña, por el Colegio de Abogados de la 4ª Circunscripción Judicial con asiento en Paso de los Libres; Graciela Rodríguez, en representación de la Cámara de Senadores; como representantes de la Cámara de Diputados, Laura Cristina Vischi y Miguel Ángel Salvarredy; y el doctor Gustavo Sánchez Mariño, en representación de los jueces de la provincia.

La Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento está a cargo de la doctora María Juliana Ojeda. Por la parte acusatoria se encuentran el fiscal general César Sotelo, acompañado de las secretarias Rita Pernizza y Julia López.

La defensa técnica de la doctora Romero está en manos de los doctores Víctor Hugo Benítez y Federico Aguayo.

Un juicio histórico

El presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Paso de los Libres, Edgar Giménez, puso de relieve que el jury contra la fiscal Roxana Beatriz Romero es inédito y el primero en la historia judicial de la Provincia que se realiza por una situación de maltrato al personal judicial. Incluso se arriesgó a decir que es uno de los pocos casos en el país.

En diálogo con EL LIBERTADOR, Giménez puntualizó que se llega esta instancia "en base a todo lo que hicimos en Paso de los Libres en materia de denuncia sobre esta situación".

Rememoró que el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) le hizo llegar la queja sobre lo que sucedía al Colegio de Abogados.

Así describió una verdadera situación de mobbing (acoso laboral) que padecían no sólo los empleados judiciales directamente subordinados a la doctora Romero, sino incluso hasta comisarios de política que debían realizar procedimientos en auxilio de la Justicia.

"Fuimos acumulando pruebas contra esta funcionaria hasta que llegamos al Consejo de la Magistratura y de allí a este tribunal de Enjuiciamiento, que es verdaderamente un momento histórico para nuestra justicia", dijo Giménez.

Recordó que en la primera sesión declararon tres personas: Torres Fernández, Lourdes Sánchez y Karina Flores, que eran empleadas directas de la fiscal Roxana Romero. Luego por la tarde, lo hicieron integrantes de la Defensoría de Libres.

BRUTALES

EJEMPLOS

A modo de anécdota, relató que la señora Flores atravesaba un estado de embarazo de riesgo. "En esa situación, no le daba permiso para ir al baño", relató Giménez.

"Luego, cuando tuvo el hijo, todos conocen la ley que autoriza una hora de amamantamiento. Pues bien, la fiscal Romero no lo autorizaba. Tenían que traerle a escondidas al hijo para que lo amamante", evocó el titular del Colegio de Abogados libreño.

Tanto es el estado emocionalmente afectado en que quedaron estas empleadas, que una de ellas mostró inhibiciones para declarar ante la presencia de la acusada durante la primera audiencia. Frente a ello, el presidente del Tribunal, Alejandro Chaín (ministro del Superior Tribunal de Justicia) tuvo que pedirle a la doctora Romero que se retire de la sala, en una decisión de alto impacto.

"No sólo sometía a malos tratos y hostigamiento a su personal, sino que como funcionaria era un desastre", opinó Giménez. "En una oportunidad -recordó- en que debía actuar como defensora en un debate, no se presentó. Hizo abandono de defensa. Eso le valió una sanción de la Cámara, que después fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia".

Finalmente, expresó su esperanza de que "se haga justicia" en este caso.

"Es una persona (la doctora Roxana Romero) que realmente tiene rasgos psicológicos que la convierten en desequilibrada", y que "a mi criterio no está en condiciones no sólo de cumplir una función judicial jerárquica, sino ningún cargo público".

-Pese a todo lo que usted dijo, siempre existe la posibilidad que el Jurado de Enjuiciamiento pueda absolver a la doctora Romero. ¿Qué pasaría frente a esa posibilidad? -preguntó EL LIBERTADOR.

-Sería una catástrofe -respondió el presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial-, quien dijo no estar en condiciones de saber la actitud que resuelva el órgano que preside, aunque de hecho será un hecho traumático.