Fijarán responsabilidades en el caso de los remedios vencidos

El Tribunal de Cuentas ordenó un juicio por presunto perjuicio al Estado en más de $ 300.000.
Tras haber realizado una investigación administrativa, se detectó la existencia de medicamentos en malas condiciones, que debían ser suministrados a pacientes oncológicos que son afiliados al Instituto de Previsión y Seguridad Social. Ante esa situación, el Tribunal de Cuentas de la provincia resolvió iniciar un juicio de responsabilidad contra cinco funcionarios de la cúpula del organismo previsional.

La acordada 3.970 del órgano de contralor advierte que, luego de la comprobación sumaria, se determinó que los medicamentos irregulares estaban tanto en las góndolas como en las heladeras del Centro de Calidad de Vida, Promoción y Prevención de la Salud, que depende del instituto previsional.

El documento advierte un presunto perjuicio para el Estado por un monto superior a los $ 300.000, a raíz de la cantidad de medicamentos que fueron decomisados por el Sistema Provincial de Salud, mediante el acta 13.958.

Por la pesquisa, se determinó la existencia de medicamentos vencidos -señala el documento-, rotos, que perdieron la cadena de frío y que, en otros casos, fueron devueltos por los afiliados. La resolución que ordena el inicio de un juicio de responsabilidad fue rubricada por los tres vocales del Tribunal de Cuentas: Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

En este caso, los funcionarios que quedaron expuestos en la investigación son los contadores Nelly Ganim (interventora del Instituto de Previsión) y Angel Aragón (ex Subinterventor), la doctora María Inés Guchea (ex coordinadora general del centro de calidad de vida) y los farmacéuticos Ana Herrera de Forgas (actual coordinadora general), y Benedicto Marcos Kolton (a cargo de la dirección técnica de farmacias).

Coordinación general

En el pronunciamiento, el órganismo técnico de control estatal incluye una resolución de la interventora del IPSS (Ganim), firmada el 15 de mayo pasado, por medio de la cual delega al subinterventor (Aragón) las funciones a cargo del centro de calidad de vida.

El ente de contralor resaltó que una de las misiones de la coordinación general del centro de calidad de vida es planificar, organizar y coordinar las acciones para lograr el uso racional de la farmacoterapia. Además, debe procurar la mayor eficacia en el uso de los recursos y el efectivo cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos, contribuyendo a garantizar la mayor equidad en el acceso a los medicamentos.

Lo más llamativo -advirtió el Tribunal de Cuentas- es que dentro de la estructura del centro de calidad de vida hay tres empleados vinculados a laboratorios privados. De hecho, según la acordada 3.970, esos trabajadores estarían contratados por dos reconocidas firmas dedicadas a la elaboración y comercialización de remedios.

Además, se menciona el caso de un contratado como asesor externo en el plan oncológico: el Instituto de Previsión dijo que no se registran antecedentes suyos como empleado de planta permanente, temporaria, contratado o de locación de servicios.

Sin informatización

Los decomisos de los medicamentos fueron efectuados por el Siprosa durante 2007, 2008 y 2009 en el centro de calidad de vida. El órgano de contralor precisó que la falta informatización incidió sobre la eficiencia del suministro de los medicamentos, al igual que la falta de estadísticas y reportes epidemiológicos.

"La ausencia de esos elementos o programas (software) afectó la eficacia en la correcta aplicación de los recursos -se precisó-. Esto se tradujo en distorsiones en el concepto de stock, que ocasionaron compras no planificadas".

El juicio de responsabilidad sirve para determinar el grado de compromiso de los implicados, que ejercerán su derecho a defensa. Aunque también pueden aparecer otros involucrados en la causa.

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