Fijar prioridades

Gustavo Rodríguez, titular de la Zona Sanitaria VIII, aborda varios temas fundamentales para la salud de la ciudad. La problemática en la entrega de los medicamentos oncológicos, la lucha contra la burocracia estatal, los teléfonos a utilizar en el momento de un accidente y el mal funcionamiento de las ambulancias.
Noticias &Protagonistas: Dr. Rodríguez, ¿qué sucede cuando se corta la provisión de los medicamentos oncológicos? Ha ocurrido en la ciudad, aunque dejamos en claro que el papel de la Zona Sanitaria VIII no es más que el de una suerte de mostrador de distribución.

Gustavo Rodríguez: Es verdad, pero uno no puede eludir la responsabilidad. Nunca se debe cortar un servicio de medicamentos, pero en el caso particular de los medicamentos oncológicos, menos que con ninguno. Esta situación ya la vivimos en 2007 y la pudimos capear por medio de una compra directa del Hospital. Hoy es diferente, porque la metodología adoptada por el Ministerio de Salud de la Provincia para la distribución y provisión ha cambiado. Por suerte, con un importante compromiso de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Salud, se pudieron hacer frente a algunos casos hasta regularizar la situación. Fueron entre quince y veinte días con un agujero en la provisión.

N&P: ¿Por qué sucedió esto?

G.R: No lo digo como justificación, pero creo que los legisladores de la provincia de Buenos Aires deben buscar una solución, porque el problema mayor está vinculado a todos los procesos que dispone la Ley de Contabilidad y de control de los expedientes de compra. Los medicamentos oncológicos son muy caros, esto hace que su adquisición genere montos muy altos y los organismos cuestionan permanentemente los procesos para la compra. Un expediente termina tardando doce o trece meses para resolver la compra. Lo digo porque fui Director de Coordinaciones durante dos años, así que conozco el problema en particular porque yo lo padecí. He recibo expedientes de distintos organismos de la Constitución pidiéndome, por ejemplo, que justificara la compra.

N&P: Su predecesor se fue devastado porque le habían anulado una compra de medicamentos por defectos formales en la solicitud de envío.

G.R: Le comento cosas puntuales: a nosotros nos devuelven expedientes porque les falta el sello de algún funcionario, cosa que no me parece mal, porque si ese es el proceso burocrático, lo aceptamos. Pero hay formas y formas de gestionar un expediente. El problema no es que falte un sello, el problema es que no hay nadie que solucione la falta del sello y el expediente queda frenado quince o veinte días, o varado en mesa de entradas. Me parece que comprar medicamentos o insumos de salud no es lo mismo que comprar papel o biromes o cubiertas para autos, son cosas diferentes. Para salir de esta situación, no debe haber gente controlando que no entienda la gravedad y la importancia de lo que hace. Hay medicamentos, como los oncológicos, que si no se aplican cuando corresponde, hay que volver a iniciar el tratamiento. Es mucho gasto sumado al riesgo para el paciente.

N&P: Debido a los problemas de la Bancaria, se ha escuchado a personas que daban testimonio sobre el sufrimiento de familiares. Es sorprendente que no se den cuenta de que el cáncer en sí mismo es sufrimiento, y que los medicamentos en muchos casos generan otro tipo de sufrimiento adicional. Son altamente tóxicos en su gran mayoría, y cuando se discontinúan los tratamientos, se debe comenzar de cero, con lo cual todo se torna complejo y poco saludable.

GR: Por eso es tan delicado. Hemos planteado que no sólo es importante el tema oncológico; la Legislatura debería ponerse al frente para generar en la provincia procesos jurídicos que permitan hacer las compras y que luego se realice el control. Si convenimos en que un medicamento vale, por ejemplo, $5, entonces no se debe comprar a 8 ni a 12. Existe un precio de referencia y punto; no es tan complicado. Si se debe comprar por licitación, con tres presupuestos en línea, tampoco es muy problemático; el proceso es fácil. El problema aparece cuando empieza a dar vueltas el expediente, en los pasos previos a la compra, cuando circula entre quienes deben dar el visto bueno cuando en realidad debería ser al revés. Yo creo que los responsables tenemos que hacernos cargo. Yo puedo realizar una compra hoy, y si dentro de tres meses me llaman de la Fiscalía de Estado y me acusan de que compré caro, entonces me tengo que hacer cargo porque para eso soy funcionario.

N&P: Sería retornar a un criterio que se utilizó con anterioridad: el de la responsabilidad de la firma.

G.R: Es que es así, filosóficamente. Los organismos cumplen con la función de controlar, pero se deben fijar prioridades porque hay emergencias: los remedios, los insumos hospitalarios o las obras en los hospitales son vitales, a diferencia de los gastos de papel o los repuestos de autos. Tener una sala inhabilitada porque el techo se llueve, o porque los baños no funcionan, o por humedad en la pared, es algo urgente y no podemos vivir discutiendo sin hacer nada. Por supuesto que si el arreglo vale $100, no se puede pagar $500. El funcionario debe firmar la orden de compra, es el responsable directo y tiene que conocer si el precio que paga es el de referencia. A veces no nos permiten hacer una compra directa porque dicen que pagamos caro, pero cuidado: ¿cuánto se paga por un amparo? Porque eso además tiene costos judiciales.

N&P: ¿Qué sucede con los números de teléfono y con las ambulancias en casos de accidentes en la calle?

G.R: Si bien todas las medidas tomadas en estos últimos tiempos han mejorado mucho los números de emergencia, seguimos teniendo dificultad para llegar al lugar con la premura necesaria. También es verdad que en los últimos tiempos hemos tenido un par de problemas semanales, lo que no venía pasando desde hace meses.

N&P: Hay quejas constantes porque se producen cruces entre los operadores del 107 y del 911. Hay temas de coordinación que no están resueltos, sobre todo en casos de emergencias.

GR: En el caso del 911, hay que buscar una salida. Hace falta una reunión, porque si bien parece intocable, nosotros tenemos muchos problemas debido a que retransmite las llamadas. Ha pasado que no nos dejen mover el equipo o que presuponen que el herido debe ser atendido y luego llegamos y el paciente no tiene nada, o nos obligan a realizar cosas inútiles. Además, me parece que la obligación de la Provincia es acompañar al municipio para que encuentre financiamiento real para tener un sistema de emergencia propio, y que nosotros seamos el soporte en accidentes de víctimas múltiples. Las empresas que licitan los pliegos tienen que estar dispuestas a cubrir accidentes. Con los pliegos como están, el servicio es caro. Lo que ocurre es que no se presentan algunas empresas porque las grandes trabajan muy bien con las obras sociales o los servicios privados y no les interesa este plan.

Estamos trabajando, además, por los paramédicos, porque la ley en la Argentina no tiene incluida esta figura. Las opciones son médicos o enfermeros; y uno de los recursos más críticos en el sistema es el estos últimos. Tenemos que lograr ampliación para que podamos contar con los paramédicos, o con sistemas que no necesiten de un médico, porque es muy difícil armar un cuerpo de profesionales.

Las ambulancias

La comuna se ha quejado del mal funcionamiento de las ambulancias: se pagan $300.000 por mes a empresas privadas para que se sumen al sistema de emergencias, el que claramente no está funcionando.

El titular de la Zona Sanitaria VIII sostiene que se debe tener en cuenta que la emergencia tiene una obligatoriedad de prestación de servicios y que debe estar en el momento oportuno, cuando se la necesita. También afirmó que en Mar del Plata no es eficiente pero que habría situaciones que permiten comprender el problema. El sistema provincial cuenta con 3 móviles con sus equipos completos que atienden exclusivamente las emergencias callejeras en lo que denomina la herradura periférica de la ciudad. Han dispuesto una base operativa en la "Casa del Niño" para tener acceso rápido a la zona sur de la ciudad, y están trabajando con los responsables del Aeropuerto para usar una casita que suelen utilizar en el verano para instalar un equipo allí y tener rápida salida por la Autovía 2 y la 88. El tercer equipo se mantendrá en la Zona Sanitaria VIII, que abarcará el norte del municipio y así conseguirían una llegada lógica a toda la periferia. Pero explicó que esta es una zona con un requerimiento de salidas muy alto.

El sistema de la provincia – CIE – no fue creado para atender en la calle las llamadas del 107. Salvo en La Plata o en Mar del Plata, el resto de los municipios tienen sus estructuras propias. Ayudan a nuestro municipio porque se encuentra en estado crítico en este sector de la salud, y en particular en el tema de emergencias.

Opinó Rodríguez también que si bien es cierto que muchas empresas privadas afirman que harían el trabajo por menos plata, la realidad es que cuando se los convoca no aparecen. Económicamente, éste no es un sistema muy rentable; la posibilidad de llegar tarde o de no cumplir conlleva un riesgo judicial muy alto, ya que hay una industria del juicio y los accidentes son uno de los más grandes negocios ligados a la prestación de un servicio público.

Hace falta preparar, según Rodríguez, una previsión de la accidentología, como por ejemplo el de control de alcoholemia. La accidentología en la ciudad podría mejorar, y mucho, pero hay algo que todavía no se ha conseguido resolver, como los accidentes en moto, que dependen mucho de la responsabilidad individual. El accidente vehicular, con todas las medidas tomadas, como buen estacionamiento en las escuelas, la gente trabajando para control urbano, etc., se redujo sustancialmente y esto ayudó al servicio de emergencias. Pero los accidentes con motos son un problema porque generan siempre heridos y sus usuarios suelen ser irresponsables.

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