Fijan hasta 2 años de cárcel para quienes se nieguen a limpiar.

El Decreto Acuerdo Nº 279, en el que se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, establece una severa sanción para quienes no colaboren en la campaña de erradicación de basurales para impedir la probación del mosquito que transmite el virus del dengue.
El Gobernador Eduardo Brizuela del Moral y sus seis ministros, firmaron el Decreto Acuerdo Nº 279, el pasado 27 de marzo, el cual determina claramente que los vecinos de toda la provincia que se nieguen a colaborar, que impidan de cualquier manera o que obstaculicen las tareas que se desplieguen para frenar la epidemia de dengue, podrán ser procesados y -en caso de ser declarados culpables-, podrían recibir una pena máxima de hasta dos años de cárcel. Así se expresa en el instrumento que declara la emergencia, en razón del "brote epidemiológico confirmado virológicamente por el Instituto Nacional de Lucha contra los Vectores".

El Decreto fue publicado ayer en el Boletín Oficial Nº 29 que tiene fecha del 10 de abril. Sin embargo, algunas de las medidas contenidas en el instrumento comenzaron a ejecutarse antes de que se hiciera público el texto completo del decreto.

En los cinco artículos del Decreto se declara la emergencia por el brote epidemiológico (artículo 1), se crea un "Gabinete de Emergencia", el COE (artículo 2), desde donde "se concertarán las medidas coordinadas para enfrentar la situación de epidemia", y se definen sus facultades (artículo 3), entre las que figuran subdividir la provincia en zonas de defensa "para la mejor coordinación y control de las tareas", establecer acuerdos de ayuda mutua con otras provincias o la Nación, efectuar requerimientos a las Fuerzas Armadas y a los organismos nacionales con asiento en la provincia, "centralizar y dirigir, en caso de emergencia, la distribución de los medios de ayuda a los damnificados, con el fin de evitar la superposición y dispersión de esfuerzos, y por supuesto, administrar los recursos pecuniarios, es decir, el dinero, "destinados a los fines del presente instrumento legal". Si bien en el decreto no se establece una cifra puntual, ya el ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Ferreyra, destacó que para controlar la plaga se necesitan por lo menos 2 millones de pesos por mes para abarcar la totalidad de las tareas previstas.

En el artículo 4, finalmente, es donde se determina que se harán campañas de difusión y comunicación en toda la población para que la gente preste colaboración con "los órganos de ejecución establecidos", y que para el caso de "obstaculizar o impedir las tareas de prevención, serán pasibles de las previsiones de artículo Nº 205 del Código Penal".

Allí se determina que quien obstaculice las tareas que se realicen para frenar una epidemia, podrán recibir una pena de entre 6 meses a 2 años de cárcel. Y en virtud de que la principal acción para evitar el dengue es la limpieza de cacharros, chatarras y demás, quienes se nieguen a hacerlo podrán ser procesados por la Justicia.

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