La fiesta de todos, la cuenta de nadie

Celebrar un cuarto de siglo de democracia ininterrumpida es un hecho maravilloso. El reto es perfeccionarla. Y atender las varias deudas que aún están pendientes de saldar. Por Alvaro Aurane - Editor de Política.
El miércoles será un día feliz. Celebrar 25 años de democracia es una circunstancia maravillosa para la sociedad argentina. Si se tiene en cuenta que en América Latina la mitad de la población es menor de edad, puede decirse que para medio país (donde la edad promedio ronda los 21 años) se va a festejar toda una vida ininterrumpida de gobiernos elegidos mediante el voto del pueblo. En contra de los optimismos fanáticos, y también de los pesimismos necios, el 10 de diciembre es, decididamente, una jornada para celebrar. Sobre todo porque este cuarto de siglo es el tardío amanecer de los derechos humanos después de la noche más negra de la historia de la Argentina, cuya oscuridad se prolongó entre 1976 y 1983.

A la hora de soplar las velitas y de cantar el Feliz cumpleaños, un deseo legítimo consistiría en que, ya que está consolidada, se avance de una vez en perfeccionar la democracia. De hecho, esta es una buena hora para volver a mirar a la democracia, sobre todo porque algunos la subestiman y la consideran mera sucesión de votaciones; y otros no la tratan con indiferencia porque el constante manoseo de los gobiernos a la institucionalidad obligó a poner toda la atención en la República y la división de los poderes. Y la verdad es que, ya que todos celebran la fiesta de la democracia, algunos deberían hacerse cargo de varias cuentas pendientes.

Nadie, nunca, nada

Acaso lo primero sea referir a que la homenajeada tiene deudas con sus invitados. Los argentinos celebramos 25 años de la recuperación del que, al menos en occidente, se considera el mejor de los modos de gobierno posible. Lamentablemente, no siempre la democracia ha sido sinónimo de buen gobierno. Y a los platos rotos lo han pagado los argentinos. Millones de ellos. Son los pobres. Marginados del sistema en el que la pertenencia se mide por la capacidad de consumo. Cuando menos se consume, más en el margen se vive. Por ende, el que no consume está marginado. Es un marginal. Carece de lugar desde el cual decir lo que tenga que decir. No tiene estatuto, no tiene estado (ni Estado). Y, como advierte el filósofo argentino Santiago Kovadloff, cuando el que dice es nadie lo que se oye es nada.

Precisamente, no se puede escuchar a los pobres defenderse de las múltiples acusaciones que les arrojan. Ellos son los culpables de la inseguridad, cuando en realidad el delito no recrudece donde hay más pobres sino donde hay más desigualdad: donde la brecha entre ricos y desposeídos (de la cual la sociedad toda es responsable) es más amplia.

También son declarados culpables de que en las elecciones ganen los que ganan, para el caso, el Frente para la Victoria, que obtuvo 530.000 votos en agosto de 2007. Curiosamente, cuando el Indec no era kirchnerista los pobres sumaban en Tucumán no los 230.000 reconocidos hoy sino alrededor de 400.000. Ahora bien, dadas las características etarias descriptas, la mitad son niños: no votan. Suponiendo que los otros 200.000 están debidamente documentados, empadronados y convencidos de votar al oficialismo, aún quedarían 330.000 sufragios por sobre de la línea de pobreza: 330.000 votos bien comidos.

Y en este sentido los pobres son declarados culpables de la pobreza: son pobres porque no trabajan para dejar de serlo. Porque la pobreza, aquí, es un problema privado. Nadie más que el pobre es responsable de ella y el flagelo le incumbe a nadie más que a él y su familia.

Claro está, la democracia se ha mostrado exitosa con algunos indicadores sociales, como la educación. Un informe recién publicado del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) muestra que la tasa de analfabetismo, que en 1980 era del 6,1%, cayó al 2,8% en 2001. A la par, la tasa de escolaridad neta creció del 59,3% de 1991 al 69,7% de 2001.

Pero otros índices, como los de la salud, muestran los claroscuros de la Argentina de la desigualdad. Cippec contrasta que mientras la mortalidad materna en la ciudad de Buenos Aires fue del 1,8 por mil en 2006, en Jujuy alcanzó el 16,5. Y mientras el índice porteño de mortalidad infantil marcó, ese año, un 8,3 por mil, el de Formosa trepó al 24,2.

Tucumán se encuentra a medio camino entre el cielo del puerto y el infierno norteño: la mortalidad infantil cayó al 12,9 por mil, según informó el Gobierno, tasa que el radicalismo denuncia que no es enteramente veraz.

La pobreza, en cambio, fue una mala noticia constante. La dictadura entregó el Gobierno a la democracia con un 19% de personas viviendo bajo la línea de pobreza, cifra que apenas bajó -según Cippec- al 17%.

La pobreza es la gran deuda de esta democracia. Y debe ser saldada no sólo porque es un deber social y moral sino porque los detractores de democracia, los eternizadores de dioses del ocaso, los servidores del pasado en copa nueva, se valen de ese argumento para embestir contra ella.

Gobierno consentido

Ahora bien, también se encuentran (y por miles) los que están en deuda con la democracia. Los primeros son los gobernantes. En rigor, los que han gobernado esta provincia (y hace un buen rato que son los mismos) son morosos incobrables. Tan sólo enfrentarlos con la más conocida definición de democracia, que la entiende como el gobierno del pueblo, por él y para él, debe resultarles bastante incómodo. Pero el pensador contemporáneo Giovanni Sartori acerca una definición que, si bien es igualmente amplia, pone el acento en otro aspecto: la democracia, dice el filósofo italiano, es un gobierno de consensos. Un gobierno consentido. Esto significa, en primer término, la existencia y la aceptación de disensos. Y, en segunda instancia, implica el esfuerzo por buscar entendimientos generales, por lograr aunar criterios. No es la utopía del consenso absoluto: es la grandeza de trabajar para conseguir la aceptación más amplia. En Tucumán, de eso, no hay. Aquí no se consigue.

Por el contrario, el alperovichismo ha demostrado un desprecio por el consenso tan profundo como parejo: ignora al otro (léase, a cualquiera que no sea oficialista) en todos los niveles posibles. Lo atestiguan los estatales, que siguen viviendo con el 60% del sueldo en negro; y también los jubilados, que siguen muriendo sin poder cobrar sus haberes con el 82% móvil que tan miserablemente les niega el Gobierno.

La Constitución de 2006 fue aprobada prácticamente a libro cerrado, sin atender los planteos de una oposición que terminó retirándose en medio de las deliberaciones. Para el caso, lo mismo hace mensualmente la Legislatura: no atiende los reclamos opositores y prácticamente no ha tratado proyectos que no provengan del oficialismo.

La excepción a esa regla ha sido la loable tarea llevada adelante con el Digesto Jurídico Provincial. Pero, sin dejar de recalcar el valor del ordenamiento del derecho positivo provincial, hay en esta circunstancia un hecho latente que no deja de ser revelador: el oficialismo está dispuesto a oír a la oposición sólo cuando se trata de derogar normas o de declararlas caducas. Ahora, cuando se trate de dictar leyes que se apeguen a los postulados constitucionales, como los de disponer que la enajenación y la adquisición de bienes se haga mediante licitaciones públicas, cualquier espíritu conciliatorio será conjurado. Esta es la patria de la contratación directa. Y eso de hacer transparente la administración de los fondos públicos es un invento de los opositores para ponerle palos en la rueda al Gobierno.

Semántica alarmante

La falta de diálogo que tanto disfruta esta gestión también se da puertas adentro. Su primera reunión de Gabinete aconteció en octubre (cinco años después de asumir la conducción del Estado), cuando el Ejecutivo ensayó su número de “pobrecito el Gobierno” y el mandatario provincial reunió a sus ministros para decirles que sí existe el hombre de la Bolsa (don Merval) y que se iba a llevar al funcionario malo que gaste mucho. Dos meses después, no saben de qué disfrazarse ante el hecho de que, contra la declaración pública de pobreza, Rentas recauda de a 100 millones por mes. El colchón de fondos públicos para utilizar con fines electorales el año que viene es indisimulable.

Pero el doble discurso es cultura alperovichista: también en octubre el gobernador juró y perjuró que no aumentarían los impuestos, pero en adelante se pagará más por los servicios de luz y de agua, y por la patente del automotor. Eso sí, dicen en Casa de Gobierno que se trata de actualizaciones de tarifas y de cotizaciones, pero en ningún caso de cambio de alícuotas, así que, técnicamente, no son subas de impuestos. La semántica del alperovichismo alarma: prometieron no azotar con una varilla fiscal la billetera de los tucumanos, así que se sienten legitimados para darle con el rebenque indexatorio al bolsillo del contribuyente.

La opinión y lo público

Los segundos deudores con la democracia son los gobernados. De una manera estremecedora, el citado Sartori advierte que, desde el punto de vista de los ciudadanos, la democracia es el Gobierno de la opinión pública. Es opinión porque no es conocimiento científico: es -valga la tautología- nada más que opinión. Y es pública no porque sea de muchos sino porque refiere a la cosa pública. A la res publica. A la república. “A la democracia -dice Sartori- le alcanza con que los ciudadanos opinen sobre la cosa pública. Nada más pero nada menos”.

Ayer, en la marcha convocada por 20 entidades para repudiar la Ley 8.136 de manoseo del Poder Judicial, también conocida como sistema de designación de jueces interinos, no había ni siquiera 400 personas. Menos mal que no llovía. O sea, el 0,02% del millón y medio de habitantes de la provincia salió a expresar su opinión sobre esa cosa tan pública como es el servicio de administración de justicia y su futuro próximo.

Lo curioso del caso es que, en contraste con esta estadística de la indiferencia ciudadana, se podría llenar no sólo la plaza Independencia sino el parque 9 de Julio con tucumanos que declaran desconcertados no saber qué hacer frente al avasallamiento del Gobierno sobre la Justicia.

Límites y fuentes

En este punto, ya no hay que pedirles respuestas a los dirigentes ni a la prensa. En la última década ha quedado claro que la sociedad está decidida a movilizarse en defensa de la cosa privada, como ocurrió con el “corralito” que entrampó los ahorros, o con el aumento de las retenciones a la exportación de soja en desmedro de los productores. Pero con la cosa pública, salvo por los mismos que desde principios de año marchan para defender el patrimonio histórico o a un vocal de la Corte, siempre surge una aparente indisposición masiva.

Luego, que el Gobierno avance sin frenos en su embestida es una consecuencia prevista por el sentido común. Sería infantil pretender que un gobernante se autolimitará allí donde sus gobernados no le imponen límite alguno. De hecho, el alperovichismo va por más: en Tribunales y en la Casa de Gobierno ensordece el rumor de que el próximo objetivo del oficialismo es hacerse del manejo absoluto de la Asociación de Magistrados (autora del anteproyecto de la Ley 8.136) y que, por tanto, jugará sus fichas en la elección que la entidad celebrará el viernes.

Más que alternativas, habría que volver a las fuentes de hace 25 años para redescubrir el valor de la participación. Porque la democracia debe ejercerse y no sólo proclamarse. El perfeccionamiento del gobierno del pueblo y por el pueblo es un trabajo de construcción colectiva, en el que los ciudadanos deben trabajar a diario. No es un camino simple, pero la simpleza es una de las promesas de la demagogia. Es, en cambio, un camino responsable. Quedarse en casa, a la espera de que el Gobierno lo pavimente, y retribuir los beneficios que da la democracia con sólo ir a votar cada dos años por toda contraprestación, se parece, más que a un ideal, al esquema de un programa clientelista. Para ser beneficiario de ese plan, el único requisito es cruzarse de brazos.

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