La fiesta no puede esperar a pesar de que la legalidad salga herida de gravedad

Aunque a esta altura ya nada tendría que sorprendernos sobre las ilegalidades del gobierno provincial, sin que Fiscalía de Estado aparezca en su rol constitucional de "contralor de legitimidad del acto administrativo", sin embargo seguimos sorprendiéndonos en cada decreto que investigamos.
Mediante el Nº 4596 del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de 2009, con fecha 7 de diciembre, se contrata la obra "Anfiteatro para la Comunidad Ranquel -Comunidad Ranquel - Dpto. Dupuy", por "Pesos Cinco Millones Quinientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Con 78/100 ($ 5.513.446,78)", en forma directa, debido -aunque suene increíble- a que no hay tiempos, porque el primer festival se realizará a comienzos de 2011.

Precisamente en los Considerandos del decreto, se señala textualmente que "que dentro de dicho marco se tiene previsto realizar el ‘Festival de las Culturas Originarias’, el que se realizará en los primeros meses del año entrante; Que de acuerdo a lo citado precedentemente se hace necesario contar en un tiempo perentorio con dicha obra, lo que hace imposible esperar el resultado de un llamado a Licitación Pública, por lo que la modalidad de contratación sugerida es la más conveniente y está prevista dentro de la legislación vigente".

Este decreto, deja en evidencia el doble discurso del oficialismo provincial, puesto que reniega permanentemente de la ilegalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional, por su presunta ilegalidad, pero acá, de local, en su propia casa, la ilegalidad es permanente en muchos decretos, sobre todo en los referidos a las contrataciones directas en montos prohibidos por ley en esa modalidad, y más cuando no existe urgencia alguna en el propósito del decreto.

Uno le pregunta a Alberto Rodríguez Saá, a las ministros Stella Maris Rubino de Catalfamo y Lucía Teresa Nigra -firmantes del referido decreto- ¿Es más importante un festival que la legalidad en la contratación de una obra? ¿El festival no puede esperar, por lo que fue necesario no llamar a Licitación Pública como corresponde por ese monto? En nombre de la legalidad ¿No habría sido correcto postergar el festival hasta lograr la Licitación Pública? ¿Fiscalía de Estado no tiene que ejercer su papel constitucional de "contralor de legitimidad del acto administrativo"? O como siempre ¿El empleado público que ejerce como fiscal de Estado mirará para otro lado?

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