Los fierros de Forza: el joven empresario tenía un petit arsenal

Aunque el ministro Aníbal Fernández reconoció saber que Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, tenía "15 o 20 denuncias", el Renar le autorizó la portación de seis armas de guerra. Jorge Lanata.

Por Jorge Lanata

El jueves 7 de agosto, a la ocho de la noche, una camioneta Chevrolet Grand Vitara bordó ardía en Galicia 2789, a pocas cuadras del Hospital Israelita. Nadie vinculaba entonces aquel incendio con los tres cadáveres que aparecerían seis días después en un zanjón de General Rodríguez. La camioneta era de uno de los tres fusilados: Damián Ferrón, y entre las llamas podía adivinarse la chapa: DXP-095. El principal Jorgee Villanueva, a cargo de los bomberos, registró el interior del auto y encontró allí algunas pertenencias de Ferrón y otras de Sebastián Forza: una cédula de identidad, credenciales verdes de “legítimo usuario” de dos armas y un carnet azul de portación con legajo 3-23866777 otorgado por el RENAR. Impresionados por las llamas, ninguno de los bomberos reparó en el detalle: las credenciales de Forza estaban autorizadas desde el 27 de septiembre de 2007 hasta el 1 de octubre de 2008. Habían sido expedidas en el año más restrictivo del RENAR, que restringió las autorizaciones de portación después del escándalo del tirador de Belgrano, Martín Ríos, asesino de Adrián Marcenac, sucedido en 2006. El francotirador de Belgrano tenía permiso para portar armas a pesar de no haber cumplido jamás con el test psicológico indispensable y su certificado de salud estaba firmado por un traumatólogo. Aquella noche del 7 de agosto, un arma ardía entre el fuego que devoraba la camioneta: “Se encontró una corredera con su respectivo caño – dice el reporte policial adjunto al expediente que se instruyó en la fiscalía de Ana Yacobucci y ahora pasó, por decisión de la Corte, a la Justicia de Mercedes – con la inscripción Taurus PT 111, calibre 9 milímetros, sin numeración visible y un cargador vacío perteneciente a esa arma”.

A las 20.09 del día siguiente, la División Armas y Agencias despachó una nota de urgencia informando que en el sistema del RENAR, a nombre de Sebastián Forza, sólo existía aquella pistola Taurus.

–Forza tenía como 15 o 20 causas –explicó días después el ministro Aníbal Fernández al público de Radio 10 . Adulteraba medicamentos o proveía remedios prohibidos.

–Por eso, en su momento, el Gobierno lo sancionó y le canceló la habilitación como droguería –abundó.

–¿La empresa Seacamp, de Forza, le vendió drogas oncológicas y contra el sida por 4.281.000 pesos al Hospital Francés cuando estaba intervenido por el Forza tenía como 15 o 20 causas –explicó días después el ministro Aníbal Fernández al público de Radio 10–. Adulteraba medicamentos o proveía remedios prohibidos.

–Es posible –refunfuñó Aníbal con menos entusiasmo. Si tenía “como 15 o 20 causas por adulteración o ventas prohibidas”, ¿cómo era proveedor del Estado? La respuesta llevaba a Capaccioli; y Capaccioli, como informó este diario el pasado domingo, es un viaje directo al lavado de dinero para la campaña.

Recién comenzaba a desenredarse la madeja del triple crimen y las usinas de información trabajaban a tiempo completo: debía quedar claro que era un problema de los narcos mexicanos. Los diarios se llenaron con notas de análisis sobre los asesinatos en los que se aseguraba que los habían fusilado arrodillados, con disparos por la espalda, y que así lo señalaba el manual básico del narco. Nadie estaba autorizado a pensar entonces que la policía argentina tiene las mismas prácticas. Tampoco se hablaba demasiado de la mafia de los medicamentos y mucho menos, claro, sobre los aportes de campaña de monotributistas que, pletóricos de cristinismo, donaban doscientos o trescientos mil pesos al Frente para la Victoria.

Veinte días después, la lista de armas autorizadas a nombre de Forza aumentó en proporción geométrica: tenía seis, estaba equipado como para ir a la guerra de Irak.

Seis armas y quince o veinte causas: Aníbal Fernández habló de más. Forza estaba autorizado por un organismo de su dependencia y diversas fuentes coinciden en afirmar que el trámite fue rápido, discreto y hecho por un operador del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

UN REGALO IDEAL PARA EL DÍA DE LA MADRE. Aunque nos hayamos pasado un poco de la fecha, imaginemos que usted quiere hacerle a su madre un regalo original: una pistola ametralladora P 90 con munición calibre 5.7, por ejemplo. Mamá debería, entonces, convertirse primero en lo que se denomina “legítimo usuario”. La “tarjeta verde” se renueva cada cinco años, el trámite cuesta entre 90 y 125 pesos y se requiere:

–Acreditar medios lícitos de vida (documentación impositiva, salarial, de actividad deconómica, etc.).

–No tener antecedentes penales.

–Hacer un examen psicofísico.

–Acreditar idoneidad en el manejo de armas.

Forza tenía la credencial de legítimo usuario desde antes de 2007, pero nunca había conseguido la portación.

Cuando compre la pistola ametralladora para mamá, recuerde que debe tener también la “tarjeta roja”. Eso cuesta entre 50 y 70 pesos, y 20 pesos la tarjeta que habilita para la compra de municiones.

Pero lo verdaderamente complicado de conseguir es la credencial azul, que es la que autoriza a que el usuario pueda llevar el arma consigo. El propio RENAR afirma: “Las

portaciones son de carácter restrictivo y su eventual otorgamiento dependerá de la debida acreditación de las fundadas razones que justifiquen el mismo”. Cada autorización de portación es analizada por una Comisión de Evaluación Permanente en Materia de Portaciones y Sanciones. El costo del trámite es de 260 pesos.

–La portación estuvo muy difícil el año pasado, dieron pocas –le dijo a Crítica de la Argentina un abogado aficionado al tiro que no consiguió que se la renovaran aun cuando argumentó que, por las causas que defiende, recibe constantes amenazas. Tampoco le autorizaron portar armas a un empresario que sufrió un

secuestro. Y un ex jefe policial aseguró a este diario que mientras en años anteriores la renovación era casi automática, en 2007 le demoró varios meses.

–Y eso que soy maestro instructor de tiro –se quejó.

Sebastián Forza, “con 15 o 20 causas”, pudo hacerse de su credencial azul y a través del dictamen 001768 del 27 de agosto emitido por el Ministerio de Justicia-RENAR se informó a la fiscal que Forza tenía seis armas y una credencial de portación. El informe está firmado por Juan Adolfo Maida y Ariana Carpenzano, dos abogados de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del organismo y da el detalle sobre las armas de Forza:

–Una pistola semiautomática Glock, calibre 40, número de serie ERM263.

–Una pistola semiautomática Tanfoglio, calibre 40, número de serie MO3553.

–Un revólver de acción doble Colt, calibre .357, número de serie T80722.

–Una pistola semiautomática Taurus, calibre .9, número de serie TWC42825.

–Un revólver de acción doble Taurus, calibre .357, número de serie UJ913472.

–Una pistola semiautomática Beretta, calibre .9, número de serie X00012Z.

LO ÚLTIMO QUE ME FALTABA. Hay, en toda esta historia, un fantasma. Su nombre causa una sonrisa en quienes lo escuchan y, les juro, no tiene nada que ver conmigo. Se llama Martín Lanata, tiene 34 años y es de Quilmes. Martín Lanata fue quien gestionó la autorización de Forza.

–Trabajo para Aníbal –afirmó, serio, Martín Lanata en una reunión con Sebastián Forza, su empleado Gustavo Álvarez y el agente de la DEA y monotributista Julio Posse. En el entorno de Forza y en los pasillos de la política quilmeña lo señalan como un operador en las sombras de Aníbal Fernández.

–Siempre en segundos planos, pero muy operativo –le confió una fuente de Quilmes a este diario.

–No lo conocemos, nunca tuvimos trato. Hay muchos que usan el nombre de Aníbal, pero te aseguro que no es alguien del círculo íntimo –le dijo a Crítica de la Argentina una fuente muy cercana al ministro de Justicia.

De hecho, Lanata no figura en la base de datos de empleados del ministerio ni de ninguna de sus dependencias. Pero la sola mención de su nombre generó sugestivos silencios en el RENAR: los gestores que frecuentan la sede de Bartolomé Mitre 1465 y los peronistas históricos de Quilmes lo señalan como asesor del Registro Nacional de Armas.

–Opera ahí adentro. Andá y velo. Anda siempre por el segundo piso, y atiende ahí.

Esta semana, el fantasma jugó con este diario a las escondidas. En el celular de Lanata que aparece en la agenda de Forza atiende una voz masculina que niega llamarse así.

La fama de “mi primo” llegó hasta la Plata: allí aseguran que Martín fue “buche” de la Bonaerense y luego comenzó a circular como colaborador informal del ministro del bigote.

Desde agosto de 2006, el RENAR, que estaba en la órbita del Ministerio de Defensa, depende de la cartera de Justicia. Aníbal Fernández designó al frente del organismo a Andrés Matías Meiszner, de 35 años, hijo de José Luis, ex presidente de Quilmes y ex segundo de Julio Grondona en la AFA. Hay quienes lo anuncian como un candidato de Aníbal para 2009 o 2011. Meiszner tiene un secretario tristemente famoso: Alejandro Giancristóforo, a quien todos señalan como el “recaudador” del organismo. Pero lo más colorido de Giancristóforo tiene que ver con los electrodomésticos: es uno de los acusados por el “caso del freezer”. Giancristóforo fue acusado por la esposa de su padre, un sindicalista conocido como Cacho Rey, ahora fallecido, que en realidad se llamaba Sebastián Giancristóforo (sé que todo esto parece una telenovela venezolana, pero es así). Gladis Pérez, la “madrastra” de Alejandro, lo acusó ante la Justicia de haber atropellado a un peatón, cargado su cuerpo hasta la casa y luego haberlo ocultado en un freezer. Gladis aseguró que Alejandro y su padre discutieron dónde poner el cuerpo con el ex intendente de Quilmes y delfín de Aníbal Sergio Villordo, quien sugirió la “solución Garbarino”. Giancristóforo y Villordo fueron sobreseídos por la Justicia el año pasado.

La esposa de Damián Ferrón, María Fernanda Izquierdo, declaró ante el fiscal Yacobucci que el día anterior a las tres desapariciones, por accidente, descubrió un arma de fuego debajo del asiento del acompañante de la Vitara bordó.

–¿Qué hace esa arma ahí? –le preguntó a su esposo.

–Es de Sebastián –le dijo–, que trabaja para la SIDE y está en el “negocio” de los laboratorios porque no le alcanza el sueldo.

Forza, en un diálogo con una amiga íntima que se incluye en el expediente, le cuenta por qué portaba armas:

–Estoy haciendo una investigación sobre medicamentos ilegales. Sebastián recibió siete disparos: cuatro en la cabeza y tres en el pecho. Una de las armas era una 9 milímetros, igual a otra de las que él estaba autorizado a portar.

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