Fiel al estilo del Gobernador, Viviana Damilano violó la Ley de Etica Pública

El nombre de la diputada nacional justicialista aparece en el afiche oficial de la Fiesta Provincial del Inmigrante, pese a la prohibición de que se promocionen personalmente los funcionarios. El afiche, además, excluye a la Municipalidad de Las Breñas.
La diputada nacional justicialista, Viviana Damilano, violó la Ley de Etica Pública, como ya es costumbre del gobernador, Jorge Capitanich, imprimiendo su nombre en la publicidad oficial de la Fiesta Provincial del Inmigrante que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre en Las Breñas.

El evento, auspiciado por la subsecretaría de Turismo de la Provincia y con el apoyo de Lotería Chaqueña, fue publicitado a través de un afiche color, en el que se anuncian las actividades y artistas que se presentarán e incluye en la parte inferior izquierda, los logos con las siguientes leyendas: "Gobernación Chaco. Es tiempo de crecer", "Subsecretaría de Turismo. Secretaría General de la Gobernación", "Chaco, todas las culturas", "Asociación Permanente de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Las Breñas. Chaco", y la leyenda: "Diputada nacional Viviana Damilano".

La Municipalidad de Las Breñas advirtió, por escrito, a la Asociación Permanente de la Fiesta Provincial del Inmigrante, no sólo que la inclusión del nombre de la legisladora constituye una violación a la Ley de Etica Pública, sino también que el municipio fue excluido del mencionado afiche, a pesar de colaborar con la logística para que se desarrolle el evento.

La Ley de Etica y Transparencia en la Función Pública prohíbe que la publicidad de actos de Gobierno que se pagan con dinero del Estado, incluya fotos, logos o nombres de funcionarios, considerando que, en ese caso, los mismos estarían haciendo promoción de su persona a expensas del Estado. El Gobernador vetó totalmente la norma argumentando que "es un derecho y un deber de todo ciudadano conocer los nombres de las autoridades, funcionarios o representantes elegidos por el voto popular, como asimismo, su imagen, para identificarlo y reconocerlo, esto no puede ser una abstracción", pero la Cámara de Diputados rechazó el veto. A pesar de ello, el primer mandatario hizo caso omiso de su cumplimiento en reiteradas oportunidades, a pesar de las intimaciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Las violaciones de Capitanich

Capitanich fue obligado, primero, a borrar la leyenda "Gestión Capitanich", que figuraba en cada vehículo oficial, cada cartel de obra, en los comunicados oficiales y en los sitios web del Gobierno y de las empresas del Estado. No conforme, siguió promocionando su persona, incluyendo fotografías suyas en la publicidad oficial y durante la campaña para las elecciones legislativas que se adelantaron al 28 de junio, aplicó una estrategia: coló afiches con su cara entre los afiches que daban cuenta de las obras hechas durante su gestión de Gobierno (aunque la oposición luego denunció que muchas de esas obras no habían sido concretadas).

No conforme, puso un primer plano de su rostro en la contratapa interna de las guías telefónicas de Telecom, que se reparten en toda la provincia y en Formosa, y pese a que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas determinó que esa propaganda atentaba contra la Ley de Etica Pública, Telecom no pudo volver atrás, porque las guías ya habían sido distribuidas.

El intento de abolir la ley

El 2 de octubre, el Gobernador instruyó, a través del Decreto Nº 2.025, al fiscal de Estado, Osvaldo Simoni, a que inicie en representación del Poder Ejecutivo y ante el Superior Tribunal de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 6.137 (que modifica el artículo 1 de la Ley de Etica Pública) e interponga una medida cautelar de no innovar respecto a la aplicación de la misma.

La prohibición de la promoción personal a través de la publicidad de actos de Gobierno que se financia con recursos del Estado, no es más que un correlato del artículo 42 de la Ley de Etica Nacional, la Nº 253.188, sancionada el 26 de octubre de 1999. Pese a su antigüedad en comparación con la norma provincial, no ha provocado ningún tipo de cuestionamiento de constitucionalidad como el que impulsó el Gobernador.

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