El gobierno mendocino festejó ayer en Buenos Aires. Es que el comité ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que es presidido por un funcionario de Alfredo Cornejo, finalmente acordó ayer el cumplimiento de una serie de metas fiscales que serán incorporadas al Presupuesto nacional 2017.

Martín Kerchner, el ministro de Hacienda mendocino, ejerce la presidencia del organismo que ayer aprobó por unanimidad la resolución con las medidas que deben cumplir las provincias, las cuales en su mayoría participaron de la reunión.

La resolución obtuvo las firmas del ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay; y de los ministros de Economía y de finanzas de Mendoza, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Entre las metas a cumplir, aparece un límite para el crecimiento del gasto respecto del PBI. Además, una reducción del 10 por ciento para las provincias que tienen déficit y la posibilidad para los distritos que no tengan ese problema de pedir autorización para endeudarse con el objetivo de efectuar gastos de capital o de obra.

Para Kerchner y el gobierno mendocino, estas medidas representan un logro, ya que de alguna manera reflejan el modelo mendocino en una medida nacional.

El control del gasto y la batalla contra la inseguridad son los únicos dos temas que monopolizan el discurso de Cornejo, y al menos en el primero de ellos, hay una noticia alentadora para dar, en otra semana complicada respecto del segundo.

El acuerdo llegó después de varias reuniones tensas, en las que hubo cruces de críticas entre las provincias y el Gobierno Nacional por el gasto. También hay que recalcar que entre los temas pendientes entre la Nación y las provincias en materia financiera figuran asuntos como la coparticipación del 50 por ciento del Impuesto al Cheque y el reparto según índice de coparticipación de los famosos ATN.

El próximo paso sería la discusión a fines de noviembre de una reforma integral del Régimen de Responsabilidad Fiscal, el cual entraría en vigencia en 2018. Con este objetivo, el 2 de agosto pasado, el Gobierno Nacional y los gobernadores habían firmado una carta que promueve el desafío de lograr el equilibrio financiero en 2019.

La resolución 91, acordada ayer, señala en ese sentido que la discusión del Presupuesto 2017 en el Congreso demandaba "arribar a una solución coyuntural", que es la que finalmente se acordó.