Por Diego Lanese

Al filo de cumplirse el plazo de 180 días firmado en enero de este año, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a prorrogar la puesta en plena vigencia de la ley de paritarias municipal, lo que despertó el enojo y las quejas de la dirigencia sindical. La semana pasada, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se extendió por tres meses la formalización de la normativa, que se aprobó a fines del 2014 y que lleva un largo proceso de implementación, siempre resistido por los intendentes. La medida de Vidal incluye algunos cambios, que le quitan autonomía a los municipios a la hora de negociar, en especial los nuevos convenios colectivos, dándole mayor poder al Ministerio de Trabajo para cerrar discusiones. Para los gremios comunales, el decreto del gobierno “tiene una mirada patronal”.

Como anticipó Política del Sur a fines de mayo, a un mes de que entre en plena vigencia la ley 14.656, denominada ley de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva. El decreto 784 reglamentó la normativa, pero extendió tres meses la puesta en vigencia. Además, generó algunos cambios que preocupan a los gremios, ya que se le da atribuciones al Ministerio de Trabajo bonaerense para que cierre negociaciones que a nivel local no llegan a buen puerto. Para la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) calificaron la medida como “contradictoria e ilegal”, y dijeron que favorece a los intendentes que “no respetan los derechos de sus trabajadores”.

La nueva prórroga de Vidal generó críticas en el sector, que esperaba que el fin de los 180 primeros días de extensión obligara a los intendentes a negociar los convenios. “A los intendentes le preocupa la autonomía municipal y no querían paritaria provincial”, se quejó Hernán Doval, diputado provincial autor de la iniciativa aprobada en la legislatura en noviembre de 2014.  “Estuvo de más la decisión de Vida, porque es la cuarta prórroga para ir a paritarias”, agregó en diálogo con Política del Sur Radio (AM 1470). Para Doval, la reglamentación tiene una visión patronal de la ley y cuando se hizo la ley el contexto político miraba al trabajador y ahora el contexto político favorece al empleador”.

Ahora, la FesiMuBo se prepara  resistir la medida. Por un lado, al considerar ilegal la reglamentación y los cambios, se hará una presentación ante la ley, y se notificará al Ministerio de Trabajo de esto. además, en la reunión de comisión directiva del jueves pasado, se acordó realizar “medidas gremiales” contra el decreto.

Cambio de rumbo

Lo cierto es que la prórroga de Vidal vino acompañada con algunos cambios, que terminan de torcer el espíritu de la normativa. El fundamental, darle más herramientas a la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo provincial, para que participe de la discusión salarial local, e incluso la convalide y avale, restándole autonomía a la paritaria local. En concreto, si bien dos de las tres partes de la ley están vigentes, el régimen supletorio, que entre otras cosas rige el marco laboral de cada convenio, se estirará 90 días más en comunas que siguen negociando. “No hay una dilación, lo que hay es una reglamentación que viola todo lo establecido dentro de la ley, por ende esto es una cuestión inconstitucional. La gobernadora no tiene la facultad de modificar una ley, y en todo caso la 14.656 está en plena vigencia”, aseguró Adrián Gouín, miembro de la FeSiMuBo y titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echeverría (STMEE).

En diálogo con Política de Sur, el dirigente aseguró que “entendemos que el Ministerio de Trabajo se está metiendo en la autonomía municipal, y en los acuerdos que puedan llegar a tener los sindicatos con la patronal. Si nosotros llegamos a un convenio, el Ministerio no es quién para cuestionar eso, lo que tiene que hacer es legalizar el convenio colectivo”. “Son un ámbito de aplicación, no de regulación”, agregó.

Hasta el momento, según los datos, unos 22 municipios ya tienen sus convenios colectivos firmados y en vigencias, mientras otros 45 están en negociaciones. Ahora, estos más el resto de los  jefes comunales que no comenzaron a discutir, tendrán tiempo de hacerlo, sin que rija el régimen supletorio de la ley.

Para Gouín, los intendentes “están tratando de no perder el poder que siempre tuvieron sobre los trabajadores, esto es un manotazo de ahogado”. “La ley está aprobada, reglamentada, los trabajadores municipales hemos avanzado, lo que necesitamos es que la justicia determine la legalidad del decreto, que carece de realidad, y es para nosotros inconstitucional. Los derechos están puestos en la ley, hay que cumplirlos”, concluyó.