La Ferroautomotor y el cuento de la buena pipa

El Gobierno desempolvó el proyecto de la estación multimodal en La Plata, y adjudicó las obras a empresas amigas del poder. Un negocio de casi $ 50 millones
En plena campaña electoral, el Gobierno nacional desempolvó el viejo proyecto para que La Plata tenga una terminal ferroautomotor y aparente ser, al menos desde lo estético, una ciudad como las que existen en el primer mundo.

En efecto, ayer se publicó en el boletín oficial que una Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las firmas Néstor Otero-Rotran S.A y Ferrovías SAC (concesionaria del FC Belgrano Norte, cuyo accionista principal es la Empresa Emepa), resultó ser la adjudicataria de la construcción, gerenciamiento y explotación de la nueva terminal multimodal de pasajeros que se levantará en la esquina de 1 y 44.

La ferroautomotor, que se ha convertido en una suerte de cuento de la buena pipa, se viene anunciando desde hace más de una década. Incluso Julio Alak, que fue intendente desde 1991 a 2007, se cansó de tanto gastar saliva y encabezar infinidad de actos referidos a este emprendimiento,

realizando promesas que quedaron en la nada y estableciendo plazos de ejecución que jamás se cumplieron. Alak se fue hace un año y medio del municipio, pero el proyecto no murió y el kirchnerismo se encargó ahora de ponerle un respirador artificial. Todo sea por darle una mano a los amigos del poder.

Ayer hubo una sorpresita: las empresas, que se quedaron con la concesión para la construcción y explotación de la obra, tienen estrechos vínculos con el Gobierno K (especialmente con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime -foto-), y aparecen vinculadas en distintos negociados que están siendo investigados por la Justicia. Según se informó oficialmente, la adjudicación se hizo por el sistema de concesión con canon para la construcción, gerenciamiento, administración, y explotación integral, más actividades complementarias con canon. Si esto se traduce al castellano, significa que el negocio en cuestión implicaría unos $ 49.258.385 pesos, con un canon mensual de $ 20.670. Detrás de esta movida se esconde la matriz de negocios que unen a funcionarios kirchneristas y a un puñado de empresas. "En las adjudicaciones de las obras de transporte y energía del Gobierno nacional, las empresas involucradas suelen actuar de forma cartelizadas. Siempre son las mismas, una firma que pierde de en un lado luego aparece asociada con la que ganó en otro lugar. Y así se reparten los negocios. Una constante en todo esto son los sobreprecios que siempre termina pagando el Estado", le dijo a Hoy Juan Carlos Morán, diputado nacional de la Coalición Cívica.

Morán fue uno de los legisladores que se presentó como denunciante en la demanda por supuestas irregularidades en el proceso de licitación y posterior adjudicación (que implicaría importantes sobreprecios) para la ejecución de la obra del tren bala, un proyecto faraónico que por el momento está frenado pero que es defendido a rajatabla por Jaime. Una de las empresas que se adjudicó las obras del tren bala fue Emepa (controlante de Ferrovías), que forma parte del grupo Veloxia. La denuncia estaba siendo impulsada por el fiscal anticorrupción Manuel Garrido que, ante las presiones K, tuvo que renunciar. Desde ese momento, el expediente quedó archivado, durmiendo el sueño de los dioses.

En diálogo con Hoy, Juan Carlos Cena, integrante de la Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, "afirmó que nosotros denunciamos a Emepa por un escándalo que se generó cuando se gastaron millones para que esta empresa reparara material ferroviario que era del año 1914, y que no servía más". Eso no es todo: Néstor Otero, el otro adjudicatario, actualmente tiene la concesión para la explotación de la terminal de Retiro (por donde pasan entre 50 y 100 mil pasajeros por día, y se cobra la latita de gaseosa a $ 10), que le fue renovada el 26 de diciembre de 2006 a través de una resolución escandalosa, que fue firmada por Jaime.

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la empresa de Otero adeuda al Estado más de 50 millones de pesos en concepto de canon y, pese a ello, la secretaría de Transporte le prorrogó la concesión hasta septiembre de 2015, cuatro años después de que finalice el mandato

del actual Gobierno. Como si fuera poco, la administración K redujo el canon que debe abonar a una cuarta parte. El contrato originario de la concesión de la terminal de Retiro se firmó en 1993, durante la presidencia de Menem. Según detectó la AGN, durante los primeros cuatro años de concesión se produjeron reiterados incumplimientos por parte de la empresa referidos, en especial, al vencimiento de los plazos en la entrega de las obras comprometidas por el concesionario y a los atrasos en el pago del canon mensual a abonarse al Estado.

Lejos de ser un desagradecido, Otero es un ferviente defensor del modelo K, al punto que durante la última campaña fue uno de los empresarios que más aportó a la causa: $ 150 mil pesos

La suscripción del contrato de concesión de la Ferroautomor platense deberá estar inscripta en 60 días de notificada del acto de preadjudicación, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta por incumplimiento.

La secretaría de Transporte, una vez suscripto el respectivo contrato de concesión, en los términos que establece el pliego licitatorio, lo remitirá al Congreso de la Nación. Se viene un arduo debate.

Vaivenes de la obra

Si bien el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el llamado a licitación en junio del 2006, la inversión que traería 258 millones y 1.000 puestos de trabajo para la región, quedó en el cajón de los recuerdos.

Hace dos años los mejores pronósticos afirmaban que la mega obra que uniría la terminal de Colectivos de 4 y 42, con la Estación de Trenes de Diagonal 80 y 115, debía estar terminada para fines del 2008. Nada de eso ocurrió: todo sigue igual.

Pese a que se arregló el paso a nivel más utilizado por los automovilistas, el de 1 y 32, la obra que traería 3.000 puestos de empleo hasta ahora no dejó de ser un simple anuncio político. Pero cuando todo comenzó, en la década pasada, proliferaron los cuestionamientos de ambientalistas (como Focalp y Biósfera) y vecinos que sostenían que la construcción provocaría un fuerte impacto ambiental para todo el barrio Hipódromo y los vecinos que viven sobre calle 1.

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