Ferraris violó la Ley de Contrataciones para ampliar las cámaras de seguridad

El juez de la Corte de Justicia, Gustavo Ferraris, violó la Ley de Contrataciones de la provincia para realizar la ampliación y acondicionamiento del circuito de las cámaras de seguridad cuando era secretario del área.
A esa conclusión llega un informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP) sobre las contrataciones de servicios por parte de la Secretaría de Seguridad durante el ejercicio 2007, cuando estaba a cargo del cuestionado juez del máximo tribunal.

El organismo de control concluyó que Ferraris realizó el pago del servicio sin aplicar ninguno de los procedimientos de contrataciones, y sin haber registrarlos ni como gastos comprometidos, ni como devengados.

"De la documentación provista al equipo de trabajo surge que se ha procedido al pago de $21.448,13 a la empresa RDS SA por la obra de Ampliación y Acondicionamiento del Centro de Monitoreo, pero no existe constancia de que se haya aplicado alguno de los procedimientos establecidos en el artículo 8º de la Ley Provincial nº 6.838 de Contrataciones de la Provincia en forma previa al pago mencionado".

La norma, que rige a todas las contrataciones que efectúe la Provincia establece que sólo podrá contratarse de acuerdo a los procedimientos de licitación pública, concurso de precios, contratación directa, concurso de proyectos integrales, o remate o subasta públicos, pero ninguno de ellos estuvo presente para elegir la empresa que prestaría el servicio.

Pago sin registro

Pero además, la normativa vigente prohíbe realizar pagos cuando no hubiesen sido previamente registrados.

No obstante, según la AGP, "se procedió al pago de los trabajos efectuados por la empresa RDS SA sin que se haya registrado la correspondiente afectación presupuestaria, comprometido y devengado, tal como se debe hacer en toda operatoria del sistema presupuestario vigente".

La Secretaría de Seguridad había solicitado a Finanzas u anticipo financiero de 22 mil pesos para trabajos en los circuitos eléctricos entre las cámaras como en la vía pública y el Bunker Central de Control.

Pero pese a que nunca fue registrada, según pudo determinar el organismo auditor, la operación fue pagada.

Si bien no se trata de un monto importante, para la AGP se trata de un "incumplimiento de relevancia", debido a que afecta "la legalidad, economía y eficacia".

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